Una jornada de alta tensión se vivió en la mañana de este martes 25 de agosto en las inmediaciones del jardín infantil Jorge Bejarano, ubicado en la localidad de Los Mártires en Bogotá, donde una manifestación afectó la movilidad sobre la avenida NQS y obstaculizó la salida segura de los menores de edad. Ante los hechos, la Secretaría Distrital de Integración Social rechazó enfáticamente las vías de hecho, advirtiendo que aunque “Bogotá reconoce y respeta el derecho a la protesta pacífica, no acepta acciones que puedan afectar los derechos, la integridad y el bienestar de los menores de edad o de la ciudadanía”.
La entidad recordó que, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política, “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, por lo que hizo un llamado urgente para evitar poner en riesgo a los niños durante las movilizaciones. El detonante de la protesta estuvo vinculado a un presunto caso de violencia sexual en contra de un niño de cuatro años que asistía a la institución, situación frente a la cual Integración Social activó de inmediato las rutas institucionales y dio aviso formal a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Como parte de las acciones preventivas e internas, la secretaría inició indagaciones a través de la Oficina de Control Disciplinario y ordenó el cambio total del personal del jardín infantil. Asimismo, la entidad manifestó su total disposición para entregar a los investigadores las grabaciones de las cámaras de seguridad y los documentos requeridos. El secretario de la entidad, Roberto Angulo, se comunicó directamente con los padres del menor para ofrecerles respaldo y garantizar el acompañamiento psicosocial necesario.
Finalmente, el Distrito hizo un llamado a la prudencia y al respeto por el debido proceso, advirtiendo sobre los riesgos de difundir versiones no verificadas o especulaciones mientras avanzan las pesquisas. La Secretaría enfatizó que la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a los entes competentes y que la información sobre menores debe manejarse con rigor para proteger a la comunidad educativa.
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