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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Ago 26, 2026 - 5:45 am

Un fuerte escándalo sacude al sector estético de la élite bogotana tras confirmarse la imputación de cargos en contra del doctor Gabriel Fernando Cubillos Valencia, un conocido médico que ofrecía procedimientos quirúrgicos valorados hasta en 80 millones de pesos. El pasado 20 de agosto de 2026, el galeno acudió a una audiencia donde la Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales, tras registrarse la muerte de cuatro pacientes y las graves secuelas denunciadas por otras tres mujeres.

La investigación, que cobró notoriedad desde el pasado mes de junio cuando la Superintendencia de Salud selló su clínica ubicada en la calle 94 con carrera 21, también puso bajo la lupa lujosos inmuebles en el barrio Santa Bárbara. En operativos de allanamiento liderados por la Secretaría de Salud y la Fiscalía en el edificio Marasha, las autoridades hallaron maquinaria quirúrgica en apartamentos vinculados a Lucas Cubillos, hijo del médico e integrante de la Clínica Obesidad y Envejecimiento SAS.

Ante estos hallazgos, el doctor Cubillos se defendió en diálogo con EL TIEMPO aclarando que en dichos lugares no se realizaban operaciones: “La Fiscalía no imputó nada relacionado a esos apartamentos, puesto que no operamos ahí. Son apartamentos a donde llevábamos a algunos invitados y a familiares de los pacientes. Ahí vivían también miembros de mi familia”. Sobre los equipos láser encontrados, agregó que “ahí teníamos unos láser que le habíamos vendido a unos médicos”.

Frente a las muertes y las denuncias por afectaciones de salud, el galeno deslindó su responsabilidad directa en los quirófanos. “Yo no hago las cirugías, ya interrogamos internamente a los médicos y le remitimos esa información a las autoridades. La Fiscalía ya sabe quiénes realizaron los procedimientos”, a lo que añadió que “en audiencia desestimaron dos de los cuatro casos. No me pueden responsabilizar a mí por ser dueño y representante de la clínica por la muerte de pacientes, ni siquiera conozco a las personas”.

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A pesar de que el ente acusador solicitó una medida de privación de la libertad, la justicia dio un giro en el proceso cuando el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó dicha solicitud. Según resolvió el despacho judicial, “no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación”, determinando además que el procesado no representaba un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga, por lo que ordenó su libertad inmediata. A través de un comunicado firmado por su abogada defensora, María Paula Escorcia Leiva, el equipo jurídico ratificó que el médico “continuará ofreciendo sus servicios con el compromiso y profesionalismo que han caracterizado su trayectoria” y seguirá compareciendo ante los estrados judiciales para esclarecer los hechos.

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