Escrito por:  Redacción Bogotá
Ago 9, 2025 - 9:06 pm

En un golpe contundente contra la corrupción al interior de la Policía Nacional, las autoridades capturaron a 12 agentes adscritos al CAI Gorgonzola, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá.

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Estos uniformados, que deberían velar por la seguridad ciudadana, se convirtieron en aliados de delincuentes dedicados al robo de cable de cobre, extorsiones a comerciantes y la fabricación de falsos positivos judiciales.

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La operación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, se basó en una exhaustiva investigación que incluyó videos, audios y testimonios recopilados por una agente encubierta, revelando un entramado criminal que ha erosionado la confianza en las instituciones.

La investigación surgió a raíz de múltiples denuncias de residentes y comerciantes de la zona, quienes describieron un panorama de intimidación sistemática. Según fuentes judiciales, citadas por Semana, los policías no solo toleraban actividades ilícitas, sino que participaban activamente en ellas, cobrando “vacunas” a dueños de bares, lavaderos de autos, obras de construcción y hasta grandes almacenes de cadena.

Estos pagos se exigían a cambio de “protección” o para evitar multas y cierres arbitrarios. En uno de los videos clave, se observa cómo los agentes, al final de sus turnos nocturnos, se reunían en la estación para dividir el dinero recolectado, ajustando cuentas con precisión contable que más parecía una operación mafiosa que un procedimiento policial.

Acá, las imágenes en cuestión:

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la complicidad con el robo de cable de telecomunicaciones, un delito que ha dejado a miles de bogotanos sin servicios de internet y telefonía en los últimos años.

Los policías del CAI Gorgonzola no se limitaban a mirar para otro lado; en realidad, escoltaban a los ladrones —muchos de ellos habitantes de calle— en vehículos oficiales, transportando el material robado y vigilando las quemas donde se extraía el cobre para su venta en chatarrerías.

Las grabaciones muestran discusiones acaloradas entre los uniformados y los delincuentes por pagos pendientes, que llegaban hasta los 19.000 pesos por ‘servicio’.

Acá, otro video compartido por la revista:

Además de los robos, la red criminal se especializaba en la manipulación de evidencia para generar “falsos positivos” judiciales. Principalmente, las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad, como indigentes de la zona del canal de la calle sexta con carrera 30, según indicó la Fiscalía.

La agente encubierta, una uniformada infiltrada durante meses, fue vital para desmantelar esta estructura. Sus registros audiovisuales capturan momentos vergonzosos: policías exigiendo sobornos a conductores ebrios para evitar inmovilizaciones, permitiendo el paso de mercancía de contrabando a cambio de cuotas, y coordinando con bandas locales para el hurto organizado.

El impacto de este escándalo va más allá de las capturas. En una ciudad como Bogotá, donde la inseguridad es una preocupación constante, casos como este minan la credibilidad de la Policía y desmotivan a la ciudadanía a denunciar delitos.

La Fiscalía imputó a los 12 policías cargos por concierto para delinquir, cohecho, prevaricato, falsedad en documento público y abuso de autoridad, entre otros. Durante las audiencias concentradas, se presentaron pruebas irrefutables que podrían llevar a condenas de hasta 20 años de prisión.

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