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La decisión de incrementar el costo del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ha desatado un intenso debate jurídico y social en la capital colombiana. El aumento de la tarifa a 3.550 pesos, autorizado por el Decreto Distrital 007 del 13 de enero de 2026, fue llevado a un juzgado administrativo por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y el concejal José Cuesta, miembros del Pacto Histórico. Ambos presentaron una demanda de nulidad contra el decreto, argumentando que la medida impone una carga excesiva sobre los usuarios del sistema, quienes en su mayoría pertenecen a los estratos de ingresos bajos y medios, según información recogida por El Espectador.
Los demandantes reclaman que el decreto carece de una justificación técnica suficiente y solicitan una medida cautelar para que, mientras el juez decide sobre el fondo del litigio, se suspenda la aplicación del nuevo valor del pasaje. Carrascal y Cuesta señalan que la administración no ha expuesto estudios públicos completos que permitan comprender de manera transparente cómo las variables económicas mencionadas —como inflación, ajustes al salario mínimo y costos operativos del sistema— se convirtieron en el valor final de la tarifa. Para ellos, la ausencia de una explicación clara y verificable impide que la ciudadanía evalúe la necesidad y proporcionalidad del aumento.
En uno de los puntos medulares de la acción judicial, los demandantes resaltan la falta de consideración de alternativas menos onerosas para los usuarios. Cuestionan que el Distrito no analizó opciones como una reorientación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el mejoramiento de la eficiencia en la operación del SITP o una focalización más acertada de los subsidios. Según su argumento, la administración optó por pasar directamente el déficit financiero del sistema a la población que depende diariamente del transporte público para acceder a servicios esenciales.
Sumado a lo anterior, la demanda hace énfasis en la carencia de un estudio que explore el impacto social del aumento del pasaje. Carrascal y Cuesta argumentan que las familias de menores ingresos terminan destinando una mayor fracción de su presupuesto al transporte, por lo cual una subida de la tarifa podría acentuar la desigualdad, convirtiendo una decisión sobre un servicio público en un acto regresivo, de acuerdo con el texto oficial de la demanda.
Ante estos argumentos, solicitan no solo suspender de manera provisional la nueva tarifa, sino también declarar la nulidad del decreto que la respalda y ordenar a la administración que se abstenga de hacer el cobro mientras el proceso judicial esté en marcha. Pese a la magnitud de la polémica, hasta el momento la Alcaldía no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la demanda. Mientras el caso se dirime en los estrados, el aumento de la tarifa mantiene vivo un debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema de transporte, tema que sigue siendo crucial para cientos de miles de bogotanos y bogotanas que enfrentan a diario el impacto de estas medidas en su economía.
¿Qué es el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET)?
El Fondo de Estabilización Tarifaria, mencionado en la demanda judicial, es una herramienta financiera utilizada por el Distrito para cubrir el déficit que se produce entre el valor que pagan los usuarios del SITP y el real costo operativo del sistema. Su función, según la información señalada por Carrascal y Cuesta, es evitar que los ajustes de tarifa recaigan por completo sobre quienes se movilizan en transporte público, permitiendo así alternativas para mantener precios más asequibles sin comprometer la sostenibilidad del servicio. La ausencia de un análisis exhaustivo sobre el uso del FET fue uno de los puntos que motivó la demanda, ya que los demandantes consideran que una mejor utilización de este mecanismo podría mitigar la necesidad de trasladar los costos a los pasajeros.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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