Tras el escándalo que rodea al Hogar Infantil Canadá Sede F, cerrado temporalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por denuncias de abuso contra menores, una de las madres de las niñas afectadas alzó la voz para hablar no solo al presunto agresor, sino también la actitud de la institución que, según ella, actuó con complicidad y negligencia.
“Lo único que me dijeron era que era un caso confuso y que el profesor tenía derecho a defenderse”, relató Margie Espinel, madre de una niña de tres años presuntamente abusada por Freddy Castellanos, trabajador de la Asociación Parque Canadá, entidad encargada de operar el jardín.
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“Las directivas fueron cómplices para todo esto. Sabiendo todo lo que pasó, salieron a decir que el profesor es un hombre de honor. Un hombre de esos debe estar tras las rejas”, dijo la mujer en Caracol Radio.
Espinel también aseguró que el trabajador ingresó al centro sin los debidos protocolos.
“El profesor entró por palanca porque es amigo de la coordinadora, es muy amigo de ella. Entró de un momento a otro y no lo presentaron a los padres”, señaló la mujer.
La falta de transparencia por parte de la administración del hogar infantil se agravó, según ella, cuando intentó obtener información sobre el acusado: “No me querían dar los datos de él. No nos dieron acompañamientos”.
Su indignación creció cuando, al cruzarse con el presunto agresor, este huyó.
“Él me ve y arranca a correr. Yo lo agredí y lo acepto porque estoy dolida”, confesó. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más doloroso para ella: “La institución tiene el descaro de darle mis datos personales para que él entable una denuncia contra mí… Se me hace inaudito que el jardín se preste para esto”.
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Hasta el momento, al menos siete casos de abuso han sido confirmados por autoridades, pero se habla de más de 12 niños afectados, dos con VIH. Aunque ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y solicitó medidas preventivas, el presunto agresor aún no ha sido capturado. Las familias afectadas siguen exigiendo justicia y una respuesta efectiva por parte de las instituciones.
La comunidad del barrio Villa Javier, por su parte, ha convocado movilizaciones para exigir celeridad en el proceso judicial y visibilizar un caso que ha estremecido a Bogotá.
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