El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Durante agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recuperó 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a cerca de $5.000 millones, suficientes para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3, de acuerdo con datos oficiales de la entidad. De esa cantidad, la EAAB detectó 94.234 metros cúbicos vinculados a conexiones clandestinas, lo cual causó pérdidas económicas superiores a $586 millones. Estas conexiones suelen ser resultado de prácticas intencionadas para eludir la facturación y medición del consumo de agua en la capital.
No se trata de una situación exclusiva de Bogotá. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel mundial las ciudades pierden cerca de un tercio del agua potable por fugas, fraudes y conexiones ilegales. Este fenómeno plantea un desafío estructural tanto para la sostenibilidad del recurso hídrico como para la viabilidad financiera de las empresas responsables de su suministro.
En el contexto bogotano, las localidades con el mayor porcentaje de fraudes detectados resultaron ser Engativá con el 15%, Kennedy con el 9,5% y Bosa con el 8,6%. La EAAB efectuó 696 inspecciones en distintos sectores residenciales, de obras y comercios; consecuencia de estas acciones, interpuso 39 denuncias ante la Fiscalía General por defraudación de fluidos, relacionadas con 241.086 metros cúbicos de agua y pérdidas directas por $2.186 millones. La respuesta de la empresa no se limita solo a acciones operativas, sino que abarca también procesos legales y administrativos.
El problema, sin embargo, sobrepasa la dimensión económica. Investigaciones realizadas por la Universidad de Los Andes destacan que el impacto social y ambiental recae con particular dureza en comunidades vulnerables, donde la escasez de agua se intensifica por las apropiaciones ilícitas. Esto limita la capacidad de las autoridades para una planeación urbana eficaz y afecta la confianza pública hacia los sistemas de acueducto.
Un ejemplo reciente ocurrió a comienzos de septiembre, cuando se descubrió en San Cristóbal un parqueadero con una conexión clandestina que suministraba agua a carrotanques. En este caso, la apropiación fue de 4.238 metros cúbicos, con un valor cercano a $46 millones. La Policía Nacional detuvo al responsable, lo que evidenció la efectividad de la colaboración interinstitucional frente a este tipo de ilícitos.
Para enfrentar estos retos, la EAAB ha apostado por la tecnología. Según sus reportes, actualmente emplea monitoreo remoto, análisis volumétrico y herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones irregulares en el consumo. Este esfuerzo sitúa a Bogotá en la línea de otras ciudades con tecnología avanzada como Barcelona y Singapur, que han implementado sistemas de detección y prevención orientados a disminuir pérdidas y fraudes.
No obstante, la sostenibilidad del servicio y conservación del agua requieren más que la adopción de tecnologías y sanciones. Expertos entrevistados por El Espectador abogan por una combinación de educación ciudadana, políticas públicas integrales y alianzas entre sectores público y privado, destacando la urgencia de que la administración del recurso sea responsable, eficiente y equitativa.
De esta manera, la lucha contra el fraude y las pérdidas de agua en Bogotá retrata una problemática global en la gestión de los recursos urbanos, donde convergen factores técnicos, económicos y sociales que obligan a repensar la sostenibilidad urbana.
¿Por qué es importante reducir las conexiones clandestinas en el sistema de acueducto? Reducir las conexiones clandestinas en Bogotá tiene implicaciones más allá del aspecto económico. Según estudios de la Universidad de Los Andes y la experiencia reportada por la EAAB, estos fraudes afectan la disponibilidad del recurso para las comunidades más vulnerables y agravan la escasez en determinadas zonas. Además, la evasión impacta la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para planificar y distribuir equitativamente el agua potable, reforzando desigualdades existentes.
El combate a las conexiones irregulares es, entonces, esencial para fortalecer la gobernanza de un recurso fundamental como el agua. Las políticas de control, sanción y prevención contribuyen a la protección ambiental y a la construcción de una infraestructura resiliente, capaz de atender la demanda creciente de una ciudad en expansión como Bogotá.
¿Qué significa defraudación de fluidos y cuáles son las consecuencias legales? El término "defraudación de fluidos" se refiere al uso ilícito o no autorizado de servicios como el agua, por medio de conexiones clandestinas o alteraciones de los medidores para evitar el cobro. De acuerdo con la EAAB, en agosto se detectaron varios casos que motivaron denuncias formales ante la Fiscalía General.
Las consecuencias de este delito no solo implican sanciones económicas para las personas involucradas, sino también posibles penas judiciales. La acción legal busca restablecer el daño causado a la empresa y, fundamentalmente, proteger un recurso limitado que pertenece a toda la sociedad, garantizando así su acceso legal y sostenible.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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