El Concejo de Bogotá enfrenta un límite legal que le impide ejercer un control profundo sobre Sencia, la empresa que opera el estadio El Campín bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP).
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Así lo advirtió el concejal Leandro Castellanos en entrevista con Pulzo, quien explicó que, al tratarse de un actor privado, la corporación solo puede invitarlo a los debates, pero no tiene facultad para obligarlo a comparecer.
“Nosotros no podemos citarlos porque es un privado, pero podemos invitarlos”, afirmó Leandro Castellanos, quien además señaló que para la Subcomisión de Control y Vigilancia de la APP del Campín, programada para el pasado viernes, se cursó la respectiva invitación a la empresa, pero no hubo asistencia.
El escenario se complica aún más por la estructura del contrato. Castellanos reveló que la interventoría del estadio no quedó asignada al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), sino en manos de otro privado, lo que deja al distrito prácticamente sin herramientas de acción directa.
“La interventoría no quedó en manos del Instituto de Deportes, que yo creo que es un gran error. El Instituto de Deportes casi que está haciendo como nosotros, un control y vigilancia, pero no puede hacer más allá porque la interventoría es de otro privado”, explicó el concejal.
Este diseño contractual, según Castellanos, concentra el manejo del escenario en el sector privado y deja al distrito con márgenes muy estrechos de maniobra. “Yo he leído el contrato, lo he revisado, y casi todas las garantías son para el privado”, aseguró.
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Ante ese panorama, el concejal indicó que el rol del Concejo se limita a sus dos facultades constitucionales: el control político, que consiste en llamar a las entidades y documentar con evidencias los incumplimientos, y la actividad normativa, cuyo alcance también se ve restringido porque el contrato ya está adjudicado. Para ir más allá, precisó, se requiere la intervención de la Personería y la Contraloría.
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