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En medio de la conmoción nacional por las recientes denuncias de presunto abuso en el jardín infantil Canadá, en Bogotá, sale a la luz un escalofriante antecedente que demuestra que este tipo de crímenes no son nuevos en instituciones bajo supervisión estatal.
Un informe, trajo de nuevo al debate público el caso del Hogar Infantil Corinto, también ubicado en la capital, donde, según documentos judiciales, “al menos 18 menores habrían sido víctimas de maltrato, tortura y abuso”.
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Los hechos, que ocurrieron antes de 2017, fueron denunciados por los familiares de los niños afectados. Presentaron una demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Fiscalía General de la Nación. El agresor principal fue identificado como el docente Fabián Vivas Guzmán, quien tenía contacto directo y constante con los menores y fue denunciado por múltiples hechos de violencia. La demanda argumentó una grave falla del Estado en sus deberes de control y vigilancia, permitiendo que los abusos ocurrieran sin intervención oportuna.
Tras un extenso proceso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de segunda instancia en julio de 2024. El fallo condenó de forma solidaria al Icbf y al hogar infantil Corinto por los perjuicios morales y el daño a la salud ocasionados. El tribunal concluyó que ambas entidades incurrieron en una falta grave al no ejercer el debido control sobre el personal a cargo de los menores.
La vulneración de los derechos de los niños fue imputada a la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que correspondía al hogar.
La sentencia ordenó indemnizaciones a cinco de las víctimas directas, identificadas por sus iniciales. Cada menor fue compensado con el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales, además de sumas adicionales por daño a la salud y reparación integral. Padres, hermanos e incluso abuelos de algunos de los menores fueron reconocidos como víctimas indirectas. A pesar de que en el expediente judicial fueron referenciados 18 menores afectados, el tribunal ordenó indemnizar únicamente a cinco.
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Además de las compensaciones económicas, el fallo impuso medidas institucionales al Icbf. Se ordenó la capacitación obligatoria de sus funcionarios y del personal de los hogares infantiles a nivel nacional, con al menos 120 horas de formación, enfocada en la importancia de su función, los límites y la prevención, mitigación y acompañamiento a menores víctimas de violencia escolar, incluyendo el abuso. También se impuso la divulgación interna de la sentencia y la entrega de una disculpa escrita a las familias involucradas.
Un dato que añade una sombra más oscura al caso es la muerte del presunto agresor, Fabián Vivas Guzmán, en 2025. Las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas por las autoridades, y su muerte impidió un juicio penal en su contra, dejando vacíos judiciales sobre la magnitud de sus actos.
Este precedente destaca la “grave omisión” en la vigilancia y cuidado de la niñez dentro de estas instituciones, un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad que prevengan el riesgo de abusos por parte del personal a cargo de los menores
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