La dinamita que los soldados del Ejército Nacional le encontraron en la casa del páramo a Misael Baquero, en realidad, la habían sacado días antes ellos mismos de la casa del corregidor. Eran los explosivos que por esos días usaban para estallar la roca que no podía tumbar el ‘bulldozer’ con el que estaban haciendo la vía para el caserío de San Juan, en el páramo de Sumapaz. Los militares allanaron la vivienda de don Misael, lo sacaron a él y a toda su familia, y le dijeron que habían encontrado esos explosivos en su casa y que eso era de la guerrilla. Pero además, le habían encontrado libros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica y eso era para ellos prueba incontrovertible de su vinculación con la insurgencia.
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Con un trapo empapado en orines le amarraron la boca y le truncaron la respiración. Que quién era su comandante, quiénes trabajaban con él, qué órdenes tenía. Lo azuzaron y amenazaron con matarlo. El dirigente campesino no dijo nada, porque nada sabía de guerrilla, y fue a parar a una cárcel en Bogotá acusado de terrorismo y de rebelión.
Eso ocurrió durante la noche del 23 de enero de 1991, cuando el Ejército entró al Sumapaz un mes después de haber bombardeado Casa Verde, el corazón del secretariado de las Farc en La Uribe (Meta), y trataba de perseguir en toda la región a los guerrilleros que se habían dispersado después del ataque. Luego de casi dos años en prisión recuperó su libertad, pero no alcanzó a durar un año por fuera cuando volvieron a apresarlo por guerrillero. Una nota del diario El Tiempo del 31 de julio de 1993 reportaba que en operaciones conjuntas del Ejército y la fiscalía regional habían sido capturados varios cabecillas de las Farc, entre ellos Misael Baquero, líder de las Milicias Populares de esa guerrilla en San Juan del Sumapaz.
Desde temprano llegaron delegaciones de El Pato – Balsillas y de Cabrera. Llegaron medios de comunicación, académicos, expertos, abogados. La comunidad se aglomeró en el auditorio del caserío de San Juan y como no cabían todos se habilitó también el coliseo, donde instalaron una pantalla enorme. Quizá nunca antes el páramo de Sumapaz había recibido una comitiva tan nutrida y de tan alto nivel: el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega; y el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo.
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Aunque buena parte del país ni siquiera lo supo, el pasado sábado 4 de febrero se sintió en el Sumapaz como un momento en el que hubo, por fin, justicia. Como que habían valido la pena los años que muchos de sus líderes y padres y abuelos y tíos y hermanos pasaron en una celda helada lejos del páramo, cuando el Estado reprimió con fuerza al movimiento comunista de la zona. Quizá en la ciudad resulte difícil dimensionar por qué miles de campesinos ese día celebraron hasta el llanto que un pedazo de casi 23.000 hectáreas de tierra les fuera declarado como zona de reserva campesina.
Ese día, Martha Liliana Melo, presidenta del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz) – organización que regula la vida en la región – recibió la resolución de 22 páginas en la que la Agencia de Tierras formaliza la zona de reserva campesina que cubre 14 veredas del corregimiento de San Juan y otras dos del corregimiento de Nazareth. Y la recibió de manos del viceministro Darío Fajardo, que hoy es gobierno pero que ha pasado décadas de su vida estudiando al campo y a los campesinos.
“Tengo el corazón en la boca y me da muchísima alegría porque aquí tenemos una historia de país. Personas que vienen desde Chaparral, de las luchas de los años 30 y 40. Los menos viejos y los más jóvenes, estamos haciendo realidad un sueño, un sueño de paz”, atinó a decir el investigador Fajardo antes de entregar la resolución.
Misael Baquero estaba ese sábado en las primeras filas del recinto y escuchaba con atención a los funcionarios del Gobierno Nacional que se iban parando ante los campesinos. Era definitivamente un momento distinto a aquel en el que pasó siete años tras las rejas. En el de ahora, una ministra del Trabajo les llamaba compañeros y compañeras y les hablaba de su admiración por el movimiento organizado que han construido desde hace décadas. Y los campesinos aplaudían a los ministros y soltaban vivas a Juan de la Cruz Varela y a Erasmo Valencia, precursores de la lucha agraria en la zona.
Desde el pasado 30 de diciembre, el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras había emitido la resolución con la que formalizó esta nueva zona de reserva campesina. También formalizó ese día las zonas del Losada – Guayabero y Güejar-Cafre, en el Meta. Y unas semanas antes había formalizado la de La Tuna, en Santa Rosa (Cauca). Con esas cuatro, ya son 10 zonas de reserva campesina constituidas en Colombia desde que esa figura fue creada con la Ley 160 de 1994.
“¿Por qué hasta hoy estamos celebrando esta zona de reserva campesina? Por el estigma que ha habido, de que son unas republiquetas independientes”, dice Misael Baquero. Durante los cuatro años de mandato de Iván Duque, por ejemplo, no se aprobó en Colombia la constitución de ninguna de estas zonas.
De hecho, en octubre de 2021, el consejo directivo de la ANT había negado la constitución de la zona del Sumapaz con dos argumentos: que había un “riesgo residual” por presencia de minas antipersonales en el territorio y que el polígono solicitado por los campesinos traslapa con el Páramo Cruz Verde – Sumapaz y esa zonificación no se había tenido en cuenta en el plan de desarrollo de la zona de reserva campesina.
La nueva resolución desvirtuó ambos argumentos. Primero, afirmó que las cifras de minas antipersona utilizadas se referían a todo el territorio de Bogotá, sin especificar cuáles eran los datos para la localidad del Sumapaz, pero que, además, aún aceptando eso, aquello no implicaba un obstáculo para declarar la ZRC. Y segundo, que es imposible que el plan de desarrollo hecho por los campesinos se armonice con la zonificación y plan de manejo del páramo, porque – básicamente – esa zonificación hoy no existe. Por eso, se dejó el comentario de que una vez el Ministerio de Ambiente delimite el páramo y elabore esa zonificación, entonces el plan de desarrollo se podrá armonizar con ese instrumento. “No constituir ni delimitar la ZRC por esto sería obligar a las comunidades campesinas a lo imposible”, se lee en la resolución.
A unos pocos pasos del auditorio donde terminaban de hablar los invitados al evento, Misael Baquero, metido en su ruana de lana de oveja que lo resguarda del frío helado del páramo, explica que lo más importante de esta declaratoria es, en realidad, que le cambia el ánimo a la gente. “Es otro ánimo, esto es otra cosa”. Que sin duda contribuirá al ordenamiento de la propiedad de la tierra de los campesinos, a la producción de alimentos, al cuidado del medio ambiente, pero que nada de eso alcanza a compararse con el reconocimiento que implica para los campesinos esa declaratoria. Que era lo que pedían hace 100 años, en los años veinte, cuando se organizaron en colonias agrícolas y sus abuelos llegaron de Une (Cundinamarca) a colonizar estas tierras que después defendieron a sangre y fuego, literalmente.
Que es el reconocimiento de lo que han pedido siempre: que los dejen vivir como campesinos.
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