El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) 2022-2035, expido por decreto por la administración de Claudia López, tiene de nuevo vida. Esto, después de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revocar las medida cautelar que suspendió provisionalmente el POT, por una acción de nulidad que denunció que no se cumplieron los plazos de discusión del articulado en el Concejo.
Con la entrada en vigencia del nuevo POT, las implicaciones son amplias y complejas. La primera, y más evidente, es que tras el fin momentáneo del limbo del acto administrativo, la administración distrital tiene luz verde para el desarrollo e inversión de los proyectos del Plan de Desarrollo que estaban atados a la nueva normativa de ordenamiento de la ciudad.
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“Con la vigencia del POT de Bogotá podremos seguir trabajando en la institucionalización de las manzanas de ciudad, la dignificación de las viviendas de interés social, en la protección del patrimonio ambiental de la ciudad, y en la consolidación del desarrollo de un sistema multimodal de transporte”, manifestó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.
Por su parte, a pesar de encontrarse de nuevo con vida, aún hay asuntos por resolver en el POT. Uno de los principales son las normativas para el sector de la construcción, el paso de las localidades a las denominadas UPZ, la protección ambiental entre otros que deberán reglamentarse a través de decretos. En ese sentido, la última adición presupuestal la administración solicitó 5 mil millones de pesos para la reglamentación del POT.
“Hay muchos decretos con vacíos y que necesitan reglamentación, precisamente por la falta de discusión el Concejo. En lo legal hay elementos que no existían, y ahora se deben reglamentar, en particular en temas de renovación urbana o de delimitación de la ciudad, como la protección del borde sur”, manifestó la concejal Heidy Sanchez (Unión Patriotica).
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¿Solidez jurídica del POT?
Ante esta decisión del Tribunal, cabe señalar que esta no se trata de una decisión de fondo sobre la legalidad de la expedición por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 2022-2035. Por lo que la suerte final del POT sigue siendo incierta.
En ese sentido, aún hay otras dos demandas en contra del POT en curso en los tribunales de justicia que podrían afectar su ejecución. En ese sentido, el acto administrativo sigue siendo cuestionado por la manera en que fue construido y sobre los efectos puede tener en la ciudad.
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“Aún no hay un fallo de fondo al respecto. Sin embargo, el POT como quedó decretado está técnicamente mal hecho, lleno de errores, “chambonadas” y de incertidumbre jurídica para los habitantes de la ciudad, y lo cierto es que por cualquier lado es posible que se caiga el POT”, manifestó el concejal Carlos Carillo (Polo Democrático).
A esto la concejal Lucia Bastidas (Alianza Verde) agrega que “el futuro para la ciudad es incierto con esta visión que Claudia López y Planeación dejaron en este POT que vuelve a tener vigencia desde este momento, un POT que al salir de afán con más contradicciones venía siendo “ajustado” bajo una serie de decretos reglamentarios que siguen sin dejar claras las reglas de juego”.
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