Colombia se mantuvo como el principal productor de cocaína y el país con más superficie de narcocultivos, por delante de Perú y Bolivia (24.500), según la ONU.

El potencial de producción de cocaína subió 31 % respecto de 2016 a 1.379 toneladas, un récord desde que comenzaron estas mediciones en 2001, dijo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).

“Quiero expresar mi profunda preocupación por la cantidad de dinero que mueven las drogas ilícitas”, dijo el representante en Colombia de la Onudc, Bo Mathiasen, en la presentación del informe anual.

En 2016 los sembradíos ilícitos de coca, cuya hoja es insumo básico para la cocaína, se situaban en 146.000 hectáreas y la capacidad de producción de la droga era de 1.053 toneladas métricas.

Mathiasen afirmó que actualmente no solo hay más plantaciones, sino que estas producen un 33% más de hojas que en 2012 por la variedad de las plantas y su menor afectación de plagas.

“Una de las razones para el incremento es la percepción de menor riesgo frente a la actividad ilegal. Ante esta baja percepción en el riesgo, aumentó el área sembrada”, afirmó.

La ONU estimó que la producción potencial de cocaína en Colombia tiene un precio en el mercado local de 2.700 millones de dólares, pese a que el kilo bajó 11% el año pasado, a 4,4 millones de pesos (unos 1.400 dólares).

“Si se contrasta este comportamiento con la oferta de cocaína, podría inferirse que los precios respondieron a un aumento en la disponibilidad”, reza el documento.

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Aunque la ONU resaltó el aumento en las incautaciones (435 toneladas, 20% más que en 2016) y que la erradicación forzosa casi se triplicó, llamó la atención porque “el ritmo es menor al incremento de la producción potencial”.

El departamento más afectado sigue siendo Nariño, que tiene un área sembrada mayor a la de Perú, segundo país con más cultivos ilícitos con 43.900 hectáreas.

Pero el 80% de las plantaciones sigue encontrándose en los mismos sitios que en la última década.

“La economía ilegal en estos municipios supera ampliamente la economía legal”, afirmó Mathiasen.

La meta del gobierno es acabar con por lo menos 140.000 hectáreas en cuatro años. “La decisión aquí es frontal contra ese delito”, aseveró Duque.