Todo empezó el 4 de junio de 2017 cuando 7.703 habitantes de Cumaral, en el Meta, votaron una consulta popular y le dijeron que no a un proyecto de explotación petrolera de la multinacional Mansarovar Energy.
La compañía interpuso una tutela en contra del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le dio el visto de bueno a la consulta y argumentó que tenía todos los permisos en regla.
El proceso llegó al despacho de la magistrada Pardo y en su ponencia le da la razón a la multinacional, aduciendo que la Nación tiene unos derechos sobre el subsuelo que no pueden ser restringidos con este mecanismo de participación ciudadana, informó Noticias Caracol.
“La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción”, agregó El Espectador. El caso se debatirá en la Sala Plena del alto tribunal y definirá el alcance de estas consultas.
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La audiencia sobre el caso se empezó a debatir en abril pasado pero en las próximas horas se tomaría la decisión que sentaría un precedente judicial sobre este mecanismo.
Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, considera que debe encontrarse un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. Según le dijo Luis Guillermo Vélez al diario, la sentencia T-445 de 2016 “rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo”.
“Lo que se tiene que buscar es una concertación, un dialogo donde se aseguren tanto los derechos de los territorios y de la población que vive en ellos como de la posibilidad de que la Nación pueda explotar esos recursos por el bien de todos”: agregó en el noticiero Juanita López, Directora de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia.
En 92 municipios del país se han votado estas consultas porque las comunidades argumentan que estos proyectos afectan el medioambiente y sus derechos fundamentales. En este momento hay varias activas en Antioquia, Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Tolima, Quindío, Huila y Cauca.
“A diciembre del año pasado, los ingresos de regalías por extracción minera fueron de 11,7 billones de pesos. Según las cuentas del gobierno, las regalías en las regiones en donde se pretende prohibir actividades extractivas sumaron más de 229 mil millones de pesos”, puntualizó el medio.
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