Este hombre estaba registrado como desplazado del departamento de Risaralda en el Registro Único de Víctimas, confirmaron este jueves fuentes oficiales.

El homicidio fue perpetrado en el barrio La Independencia de Tuluá cuando dos personas que viajaban en una motocicleta tirotearon a Muñoz Giraldo.

Posteriormente, el activista fue trasladado a la clínica San Francisco, donde falleció.

Ante esta situación, la Unidad de Víctimas rechazó y condenó el asesinato de Muñoz Giraldo, del que no entregaron más detalles. Además, hizo “un llamado a las autoridades con el fin de que se investigue, capture y judicialice a los responsables” del crimen.

Mientras tanto, el departamento de Policía del Valle del Cauca anunció 10 millones de recompensa a quien entregue detalles que permitan esclarecer el crimen.

Al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del primero de enero de 2016 al 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz.

Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, según el último informe de la ONG Somos Defensores.

Según su reporte, 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 documentados en 2017.

El asesinato la semana pasada de la también líder social María del Pilar Hurtado frente a su hijo en el municipio de Tierralta, al sur del departamento de Córdoba, escandalizó al país y prendió de nuevo las alarmas acerca de este tipo de crímenes, muestra la violencia del conflicto armado en Colombia.