Con el fallo condenatorio de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia Aranda contra Álvaro Uribe Vélez, el nombre del exmandatario se sumará a la lista de presidentes y expresidentes colombianos que han sido procesados, aunque su caso será diferente.
(Le interesa: Fuerte agarrón en Paloquemao entre dos hombres por juicio a Uribe: hubo patadas y groserías)
Los 200 años de vida republicana de Colombia están salpicados, en unas épocas con más intensidad que en otras, de nombres de jefes de Estado acusados y sentenciados por lo que hicieron como candidatos o en el ejercicio de la primera magistratura de la Nación. Unos fueron apartados de ese cargo, otros procesados después de haberlo dejado. Uribe, en cambio, fue vencido en juicio por conductas ilegales en las que habría incurrido años después de ser presidente.
Comenzó a ser investigado por conductas no atribuibles a su condición de jefe de Estado. Una cosa es juzgar y condenar a un presidente en ejercicio y otra, a un expresidente. Incluso, una cosa es juzgar a un expresidente por lo que hizo como presidente, y otra cosa es procesarlo por hechos no relacionados con el ejercicio de la presidencia. A los presidentes y expresidentes los investiga la Comisión de Acusaciones, pero a Uribe lo comenzó a investigar la Corte Suprema de Justicia, pues era senador. Para que ese alto tribunal no siguiera con la investigación, Uribe renunció al Senado, con lo que perdió su fuero de congresista y empezó a ser investigado por la fiscalía.
En todo caso, Uribe es el primer expresidente de Colombia condenado en el siglo XXI, hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. La acusación por soborno simple se cayó. Ya los analistas califican el proceso como el ‘juicio del siglo’ en Colombia, pero apenas han corrido los primeros 25 años, y es prematuro hacer semejante afirmación. Además, si la Justicia mantiene su independencia e integridad, y no sucumbe a los intentos de cooptación por parte de mandatarios que busquen romper el equilibrio de poderes y poner a los jueces bajo sus órdenes, es muy probable que otros mandatarios deban comparecer en los estrados.
Quizá lo que causa más impresión con la condena que acaba de recibir Uribe Vélez —y que lo sitúa, especialmente entre sus seguidores, en el plano de víctima, o de mártir, si se quiere— es el contexto: los más peligrosos delincuentes, varios de los cuales él combatió y hasta extraditó, son nombrados gestores de paz, otros son invitados por el presidente de la República a compartir en tarima pública, y unos más numerosos se frotan las manos a la espera de la aprobación de un proyecto que busca rebajar sus penas o sacarlos de las cárceles. Y, en contraste con la situación de Uribe, los jefes de las Farc, en el Senado.
Es factible que el fallo contra Uribe en medio de esas circunstancias le dé un serio impulso político y electoral a la derecha en general y al uribismo en particular en plena campaña para las elecciones de 2026, así la jueza Heredia se hubiera cuidado de advertir que su veredicto “no tiene orientación política, ni está atravesado por simpatías o antipatías”, y que “aquí no hay lugar para la sospecha ni el cálculo electoral, ni para las lecturas interesadas”. Lo que venga en política no dependerá de las apreciaciones de la operadora judicial.
A Álvaro Uribe le cogieron su talón de Aquiles
Antes que Uribe Vélez, líder natural del derechista Centro Democrático, solo está el registro en el siglo XX del juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla, a quien el Senado, en 1959, declaró indigno por mala conducta y lo condenó a la pérdida perpetua de sus derechos políticos e interdicción de funciones públicas. Pese a haber quedado detenido, Rojas Pinilla obtuvo su libertad condicional. Después, la Corte Suprema los absolvió por el delito de concusión y así regresó a la política.
Eso, sin embargo, no quiere decir que los mandatarios que ejercieron el cargo entre Rojas Pinilla y Uribe no hubieran dado razones para ser investigados, aunque nada prosperó contra ellos en la tristemente célebre Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, desde hace mucho tiempo denominada ‘de absoluciones’.
En esa instancia, que por mandato constitucional es donde deben ser investigados los presidentes, fueron denunciados Alfonso López Michelsen (por escándalos administrativos), Julio César Turbay Ayala (por abusos con el Estatuto de Seguridad), Belisario Betancur (por el holocausto del Palacio de Justicia, en lo cual él asumió “toda la responsabilidad”), Virgilio Barco Vargas (por exterminio de la Unión Patriótica en su mandato), César Gaviria Trujillo (por la fuga de Pablo Escobar y el apagón, entre otros) o Ernesto Samper Pizano (por la financiación de su campaña con dineros del narco).
Tampoco respondieron ante la Comisión de Acusaciones Andrés Pastrana Arango ni el mismo Álvaro Uribe Vélez, acusados por las fallidas negociaciones con las Farc en el Caguán, el primero; y por los falsos positivos, la ‘yidispolítica’ o las chuzadas del DAS, el segundo. Menos aun Juan Manuel Santos, que ensambló una poderosa y pesada aplanadora en el Congreso que aplastó los señalamientos de presuntos hechos de corrupción de la multinacional corruptora Odebrecht en sus campañas presidenciales y no dejó prosperar tampoco las denuncias contra Santos por haber incurrido presuntamente en los delitos de prevaricato por omisión y conspiración en el supuesto favorecimiento a jefes de las Farc.
Los rastros de procesos contra presidentes o expresidentes se pierden en el siglo XIX, marcados porque en primera instancia siempre se consideró la pena capital. En la lista aparecen el general José María Melo, comprometido en una rebelión en 1854. Aunque la primera orden fue fusilarlo, después de muchas vueltas llegó a México al ejército de Benito Juárez, en donde, de todas formas, acabó frente a un pelotón de fusilamiento. Otro golpe de Estado sacó del poder al fundador del conservatismo, Mariano Ospina Rodríguez, en 1861. Lo derrocó el general Tomás Cipriano de Mosquera, que, esta vez también, ordenó la muerte del presidente depuesto.
Pero Ospina Rodríguez fue enviado a prisión en Cartagena, de donde se fugó para ir al exilio a Guatemala. En un giro de la vida, Mosquera, que se dedicó a condenar, en 1867 fue derrocado y privado de su libertad, acusado por un préstamo de siete millones de libras y por romper la neutralidad diplomática en un conflicto entre Perú y España. A Mosquera no lo sentenciaron a muerte, pero fue declarado insubsistente en el cargo, indigno, y condenado al destierro.
Independientemente del tipo de procesos que se surtieron en esos casos (político o penal) todos tuvieron efectos políticos. Y lo mismo ocurrirá en el caso del expresidente Uribe Vélez, pero quizá con mayores repercusiones. Basta con considerar que su causa se dio en una Colombia con más libertades y garantías (diferente a la de los siglos XIX y XX) que se encamina a varios procesos electorales en los que incidirá su condena, que además tendrá repercusiones internacionales: por un lado, el júbilo en dictaduras como la de Venezuela y, por otro, el rechazo en gobiernos como el de Estados Unidos, con consecuencias aún imprevisibles.
Por ahora, la inmunidad presidencial en Colombia parece mantenerse segura, pues Uribe Vélez no fue condenado por ninguna conducta relacionada con su condición de jefe de Estado. El exmandatario consiguió hacer de esa inmunidad una coraza imposible de romper presentando cualquier intentona de investigarlo como una maniobra de persecución política de sus detractores. Hasta que, pasados unos años, ya lejos de la presidencia, dejó expuesto su talón de Aquiles.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
