Dos objetivos generales se le pueden atribuir a la izquierda en Colombia —como a cualquier otro proyecto ideológico— además de los que pregona como la búsqueda de igualdad social, justicia económica, protección del medio ambiente, defensa de derechos humanos y la paz, entre otros. Los más importantes son la toma del poder y la derrota de sus enemigos. El orden no importa porque ambos resultan intrínsecamente relacionados, tienen dependencia recíproca. Para conseguirlos, incluso, una parte de esa izquierda se alzó en armas durante más de medio siglo, pero aun así no los lograron. Los alcanzaron finalmente por otras vías, la electoral y la judicial, a través de las cuales llegaron a la presidencia con Gustavo Petro y ahora consiguen la condena del expresidente Álvaro Uribe.
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No es que la izquierda haya instrumentalizado a la justicia para que emitiera el fallo contra el exmandatario. La justicia obró con total independencia y responsabilidad. De hecho, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, en la parte introductoria de su fallo contra Uribe, se cuidó de que eso quedara muy claro.
“Este juicio no es un juicio contra la historia política de Colombia; no es una revancha; no es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia, y solo de justicia. El sentido del fallo no tiene orientación política, ni está atravesado por simpatías o antipatías”, advirtió Heredia Aranda. “Aquí no hay lugar para la sospecha ni el cálculo electoral, ni para las lecturas interesadas. La separación entre justicia y política es un principio esencial del estado de derecho. […] El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie ni una derrota de otro Será como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia”.
Pero no se puede soslayar el hecho de que fue un connotado líder de izquierda, el senador Iván Cepeda, el que logró lo que parecía imposible —y por lo cual puede resultar catapultado como candidato presidencial—: poner ante los tribunales y derrotar a la más destacada figura de la derecha en los últimos años en el país, el símbolo por antonomasia de esa derecha y baluarte de la resistencia contra las ideas de izquierda en Colombia y del socialismo del siglo XXI en América Latina. Es tal la dimensión y el peso político de Cepeda en la izquierda que los derechistas radicales lo señalan de ser el principal senador de las Farc, y dicen que está libre porque las pruebas del computador de ‘Raúl Reyes’ fueron desechadas. Nada de eso está probado.
Con base en las evidencias que sopesó la justicia, resulta muy difícil demostrar, como sostienen el expresidente Uribe y sus copartidarios, que el proceso haya sido producto de persecución política. Aunque también hay que considerar, por la dimensión de la figura de un expresidente, que un juicio penal en su contra tiene efectos políticos.
En ese sentido, después del triunfo de Petro en 2022, cuando por primera vez en 200 años de vida republicana un político de izquierda y además exguerrillero llegó al poder —por la vía de los votos y no por la de las armas, un método que ya probó su ineficacia para ese propósito—, lo que constituyó la primera gran victoria de la izquierda en Colombia, la derrota de Uribe en los estrados judiciales se erige como el segundo gran logro de la izquierda en el país. Nunca habían alcanzado tanto en más de medio siglo de lucha armada.
Celebraron condena a Álvaro Uribe por anticipado
Por eso, mientras el senador Cepeda —siempre aplomado, inalterable, mesurado, con las palabras justas para decir las cosas sin sobrepasar los límites que él mismo se impone rigurosamente, incluso para hablar del expresidente Uribe, su más radical contradictor— no hacía mayores aspavientos sobre un eventual fallo condenatorio, personajes como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), exjefe de las Farc, y Diosdado Cabello, ministro del Interior y de Justicia (y número dos del régimen chavista en Venezuela), celebraban por anticipado el veredicto de la justicia colombiana contra su peor enemigo.
“Colombia se aproxima a conocer la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Las víctimas y funcionarios honestos de la rama judicial han tenido que sortear la presión de poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad. El mérito es del senador Iván Cepeda, un hito en la historia republicana de Colombia”, dijo ‘Timochenko’, 11 días antes del veredicto.
Echaba al vuelo las campanas porque, como último jefe de las Farc, se vio obligado a sentarse a negociar después de los contundentes golpes que le dio Uribe a esa guerrilla. Juan Manuel Santos negoció y firmó el Acuerdo de Paz, pero Uribe fue el que debilitó a las Farc hasta ponerlas en una situación en la que su única salida era pactar su desmovilización.
Por su parte, Cabello, líder de un régimen que sostuvo estrechas relaciones con las Farc y ahora alberga a las disidencias de alias ‘Iván Márquez’ (y al Eln también), simultáneamente aseguraba: “El 28 de julio, por cierto, entiendo que es el día del veredicto [contra Uribe]. Vamos a celebrar la condena del Matarife. Vamos a ver a la uribestia”. Esto también demuestra lo significativo del sentido del fallo contra Uribe para el socialismo del siglo XXI en la región, pues uno de los más serios obstáculos para su expansión y consolidación en el continente fue derrotado en juicio, y condenado.
Que ’Timochenko’ hubiera dicho que “el mérito” de la condena contra Uribe “es del senador Iván Cepeda”, y que también dijera que ese hecho es “un hito en la historia republicana de Colombia”, prueba la magnitud de lo que significa para la izquierda este fallo. El triunfo electoral de Petro y la derrota judicial de Uribe son entendibles y ocurrieron por el actual contexto histórico del país, cuya democracia madura cada vez más a instancias de la Constitución del 91, esa que, de todas formas, el Gobierno Nacional hoy está empeñado en reformar.
Condena a Álvaro Uribe, un triunfo incompleto de la izquierda
Si la rama judicial no hubiera actuado con independencia —soportando incluso la supuesta presión de “poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad” de los que habló ‘Timochenko’—, no habría emitido este fallo histórico que también resultará de aquí en adelante muy emblemático para la izquierda.
Pero aun así quizá sea un triunfo incompleto, pues la izquierda hubiera querido (y ese sí habría sido un logro redondo por lo que significaría) que el exmandatario terminara condenado por supuestas conductas más graves, como el paramilitarismo o los falsos positivos, que le han achacado sus enemigos, lo que tendría efectos políticos de enormes proporciones. De hecho, todo este proceso de más de 13 años comenzó cuando Iván Cepeda publicó versiones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra en las que señalaban a Uribe de auspiciar grupos paramilitares en Antioquia.
Solo el año pasado el presidente Gustavo Petro —que se caracterizó como congresista por denunciar las relaciones entre paramilitares y políticos— le gritaba al exmandatario: “¡Oiga, Uribe, dígale a su amigo [Álvaro Hernán] Prada que lo ayudó a comprar testigos, en una mala pata que metió, que no es nuestra culpa, ni siquiera porque como oposición hemos sido caballeros, y damas, con el uribismo! […] ¡Cuando les mostramos sus relaciones con al paramilitarismo, lo hicimos con pruebas ciertas!”.
Pero el trofeo de ver al expresidente Uribe procesado por paramilitarismo no lo ha podido levantar la izquierda que, hasta ahora, se quedó —por el rumbo que tomó el proceso desde febrero de 2018, cuando la Corte decidió que no fue Cepeda quien manipuló testigos, sino Uribe— con la condena contra el expresidente por dos delitos: fraude procesal y soborno en la actuación penal. Se cayó el de soborno simple. Esos dos delitos son delicados, pero no de aquellos que el Código Penal tipifica como graves y por los que la izquierda quisiera una condena contra Uribe.
Otro factor que mitiga el impacto político del fallo condenatorio es el hecho de que fue dictado por conductas del expresidente Uribe, pero no como jefe de Estado. Una cosa es juzgar y condenar a un presidente en ejercicio y otra, a un expresidente. Incluso, una cosa es juzgar a un expresidente por lo que hizo como presidente, y otra cosa es procesarlo por hechos no relacionados con el ejercicio de la presidencia.
Hay que recordar que a los presidentes y expresidentes los investiga la Comisión de Acusaciones, pero a Uribe lo comenzó a investigar la Corte Suprema de Justicia, pues era senador. Para que ese alto tribunal no siguiera con la investigación, Uribe renunció al Senado, con lo que perdió su fuero de congresista y empezó a ser investigado por la fiscalía, como a cualquier ciudadano.
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