Frente a la perspectiva que surgió en el sentido de que con el anuncio del presidente Iván Duque se estaba acabando con el proceso de paz, la primera en tranquilizar al país fue la misma presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, que recordó que hay compromisos internacionales, y otros que emanan de la Constitución y el Estado colombiano está obligado a cumplirlos.

“Eso supone cumplir de manera estricta con el Acuerdo Final para la Paz suscrito el primero de diciembre de 2016 en el Teatro Colón, lo que a su vez se traduce en cumplir con el mandato constitucional que está consignado en la norma constitucional que es el Acto Legislativo 01 de 2017”, explicó Linares en Blu Radio.

Admitió en la emisora que, desde luego, “hay preocupación”, pero aseguró estar segura “de que en tanto se mantengan esos debates en el marco estricto del Estado social de derecho, respetando la autonomía e independencia de los distintos poderes públicos, una vez más el país podrá superar este tipo de debates”.

También dijo que “hay angustia en ciertos sectores, pero confía “en que los distintos poderes públicos sepan cumplir con su responsabilidad jurídica y con su responsabilidad histórica frente al proceso de paz”.

Otros hicieron cuentas con números reales, como el senador Juan Diego Gómez, vocero del partido Conservador, que en Caracol Radio, afirmó: “El presidente de la república ha aceptado mayoritariamente la ley estatutaria. Estamos hablando de más de 150 artículos que han sido aceptados, y se presentan esas objeciones obre 6 puntos que desde la discusión, desde el mismo trámite en el Congreso, han sido complejas”.

Advirtió en esa misma frecuencia que “este es un debate para construir. Aquí no podemos seguir hablando de amigos y enemigos de la paz, sino que tenemos que trabajar para que ese trámite en el Congreso sea muy rápido y podamos entregar un ordenamiento jurídico claro y contundente para garantizar que se cumpla lo pactado en La Habana, que se cumpla lo que el Estado colombiano se comprometió con los insurgentes de las Farc y que las víctimas reciban la reparación y el conocimiento de la verdad como debe ser”.

El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo un ejercicio similar (no es claro si es más bien reduccionista por la magnitud de la situación) y aseguró también en Caracol Radio que hay un mensaje “clarísimo” para la sociedad colombiana en el sentido de que “la paz no está en entredicho, y mucho menos el funcionamiento de la JEP, sino que el Gobierno Nacional, en el ejercicio de sus funciones hace unas observaciones muy puntuales, ¡seis!, de todo ese andamiaje jurídico de la Ley Estatutaria que lo integran 159 artículos”.

“Para decirlo de una manera muy directa: estamos como a seis artículos de tener un consenso nacional sobre el marco jurídico de la paz y de la JEP. Es una gran noticia porque quiere decir que todos los sectores políticos y de opinión se sentirían representados una vez se le dé trámite”, dijo el fiscal en esa emisora.

Para Martínez, “los magistrados seguirán llamando a victimarios, a las víctimas, los procesos continuarán. No hay ningún factor de incertidumbre. Mientras estos dos años que operó la JEP (2017, 2018, 2019) nadie dijo que había incertidumbre, mucho menos ahora, cuando se trata de la objeción de apenas 6 artículos. Y en un mes o cinco semanas el Congreso puede definir si son objeciones procedentes o no, y queda asegurado, está asegurado que va a haber ley estatutaria, porque una vez se tramiten las objeciones, el presidente acatará lo que decida el Congreso. Esa es una muy buena noticia para la paz”.

Esa perspectiva de ver el vaso medio lleno contrasta, como es de esperarse, con las voces que, por la situación, lo ven medio vacío, como las de quienes suscribieron una carta para alertar a la ONU en el sentido de que con las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP no se van a cumplir los acuerdos de paz.