El martes en horas de la mañana ante la Comisión Segunda del Senado de la República se confirmó que el acuerdo de Escazú sigue en pie y logra salvarse gracias a los seis votos a favor y uno en contra.
Desde el año 2019, el gobierno de Colombia se comprometió a analizar y firmar el Acuerdo de Escazú, tras reconocer los importantes avances que este implica en temas como democracia ambiental en el país; sin embargo, el proceso ha sido demasiado lento y apenas empieza a tomar fuerza en el país.
Mediante sus redes sociales los congresistas Feliciano Valencia, Antonio Sanguino e Iván Cepeda, confirmaron la noticia.
Cepeda, comentó que este es un paso significativo para la defensa en Colombia de la naturaleza, el agua y la vida de las personas que protegen el medio ambiente, así mismo, aseguró que esto se da “por iniciativa de la oposición y sin la presencia de senadores uribistas”.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino, indicó que la aprobación de este acuerdo permite avanzar en objetivos de desarrollo sostenible y, “ fortalece los compromisos adquiridos por el país en materia de crecimiento verde, da seguridad jurídica, confianza, legitimidad, sentido de pertenencia, estabilidad y prevención de conflictos”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Es un acuerdo firmado por países como Argentina, México, Uruguay, Bolivia, Panamá, Ecuador, que busca dar un espacio de diálogo, para generar un cambio positivo en temas ambientales, garantizando el derecho a la información, participación y justicia en temas de esta índole.
Así mismo, focaliza y prioriza los derechos de las personas y líderes que defienden asuntos referidos a lo ambiental, dándoles entornos seguros y libres de violencia para que asociaciones, organizaciones y demás grupos ambientales puedan promover la protección al medio ambiente sin ningún problema.
De igual forma, aumenta y garantiza la seguridad jurídica, a los líderes ambientales, incorporando garantías con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad.
Acuerdo de Escazú en Colombia
Aplicado al país fortalecería la institucionalidad ambiental, las políticas públicas y procedimientos ambientales para superar los vacíos que presenta la actual legislación ambiental, asimismo se estima que promovería la cooperación internacional, regional, nacional, subnacional y local en pro del cuidado ambiental.
Según la UNICEF, en Latinoamérica y el Caribe este acuerdo permite que las personas puedan ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como, acudir a la justicia en caso de que evidencien afectaciones ambientales.
Asimismo permite que los jóvenes se involucren de primera mano en los procesos de toma de decisiones ambientales y climáticos.
Hace unos días, Mauricio Cabrera, Asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia señaló: “La difícil situación de seguridad de los líderes ambientales y sociales en el país, hace imperativo mostrar señales claras por parte del Gobierno Nacional y del Congreso de la República que evidencien su voluntad de protegerlos y que les permita ejercer sus derechos sin temor”.
Sin embargo, y pese a avanzar en su ratificación, y el compromiso gubernamental que significaría su aprobación algunos congresistas no asistieron a la sesión.
No asistentes
- Paola Holguín
- John Harold Suarez
- Juan Diego Gómez
- José Luis Pérez Oyuela
- Lidio García Turbay
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