La sala penal busca dar todas las garantías para que el alto tribunal y la Fiscalía tomen decisiones de fondo y determinen si se abre una investigación formal a Uribe o se archivan estos procesos que lo vinculan con grupos paramilitares, informó Blu Radio.

“Dicho asunto, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo (QEPD) por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente, con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve”, indica el documento ciado por la emisora.

Cabe recordar que las masacres, perpetradas por paramilitares, se ejecutaron el 22 de octubre de 1997, en el caso de El Aro, y el 11 de junio de 1996 la de La Granja. Los dos hechos se presentaron durante la gobernación de Uribe (1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997).

El artículo continúa abajo

Mientras que Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998, crimen que acaba de cumplir 20 años. Con la declaratoria de lesa humanidad, la investigación de los casos no prescribe.

La Corte quedó al frente de esta investigación porque la ley establece que al ser senador todos los procesos en su contra deben ser conocidos por esa instancia, indicó el medio.

Según el alto tribunal, los expedientes de estos casos duraron cuatro años en el despacho del magistrado Gustavo Malo, investigado por su aparente responsabilidad en la red de corrupción en el interior de la Corte. Con varias incapacidades y permisos, el magistrado lleva cerca de seis meses evitando presentarse ante sus colegas en una sala plena en la que se podría definir su salida del alto tribunal mientras se adelanta su proceso judicial. La más reciente fue una excusa médica con la que estará ausente hasta el 17 de marzo, luego de haber pedido permiso asegurando que su mamá estaba enferma.

Entre tanto, en los últimos días, Uribe también tuvo que presentarse ante la Corte para responder por el proceso que se abrió en su contra por supuesta manipulación de testigos.