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Un tribunal en Seúl dictó sentencia este viernes 16 de enero de cinco años de prisión para el expresidente Yoon Suk-yeol tras hallarlo culpable de los cargos de obstrucción y destrucción de evidencia en un juicio vinculado a la declaratoria de ley marcial que hizo en diciembre de 2024 y que culminó en su destitución y arresto. El dictamen —televisado en directo a todo el país— es el primero en ocho juicios que enfrenta Yoon, el primer líder en ejercicio en la historia de Corea del Sur en ser procesado por cargos criminales.
El Tribunal Central del distrito de Seúl declaró a Yoon culpable de obstaculizar a las autoridades movilizando al servicio de seguridad presidencial para impedir la ejecución de una orden de arresto en su contra. También se le declaró culpable de falsificación de documentos oficiales y del incumplimiento del procedimiento legal requerido para la declaratoria de ley marcial, que estipula que debe discutirse en una reunión formal del gabinete.
“El acusado abusó de su enorme influencia como presidente para impedir la ejecución de órdenes judiciales legítimas a través de funcionarios del Servicio de Seguridad, lo que supuso una privatización efectiva de los funcionarios […] leales a la República de Corea en aras de su seguridad personal y su beneficio personal”, afirmó el juez principal del tribunal compuesto por tres magistrados.
La Fiscalía había solicitado 10 años de prisión, pero el tribunal impuso una pena menor de cinco y lo absolvió de uno de los cargos vinculado a la supuesta difusión de información falsa a medios extranjeros. Los abogados del exmandatario aseguraron que apelarán la sentencia y denunciaron que la decisión se tomó de “manera politizada”.
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Yoon, un destacado fiscal antes de convertirse en presidente, se encuentra recluido en el centro de detención de Seúl, en las afueras de la capital. Su defensa ha argumentado que declarar la ley marcial estaba dentro de sus facultades como presidente y que la medida tenía por objeto dar la voz de alarma sobre la obstrucción del Gobierno por parte de la oposición.
“El veredicto de culpabilidad de hoy simplifica excesivamente la frontera entre el ejercicio de la autoridad constitucional del presidente y su responsabilidad penal. Si este razonamiento se mantiene, ningún presidente futuro podrá tomar decisiones en tiempos de crisis, y los actos de gobierno siempre correrán el riesgo de ser tipificados retroactivamente como delitos”, afirmó Yoo Jung-hwa, una de sus defensoras.
Una ley marcial de corta duración y una crisis que sellaría el destino de Yoon
Durante la noche del 3 de diciembre de 2024, el presidente Yoon hizo un anuncio abrupto que sacudió a toda Corea del Sur.
“En este momento, la República de Corea se encuentra en una situación de peligro, incluso si colapsara de inmediato. Estimados ciudadanos, declaro el estado de emergencia para proteger a la República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar las vergonzosas fuerzas antinacionales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo y para proteger el orden constitucional libre”, afirmó en una alocución que fue televisada a todo el país.
Bajo sus órdenes, el Ejército irrumpió inmediatamente en el edificio de la Asamblea Nacional y bloqueó la entrada desde el exterior. El caos se desató cuando los trabajadores del Parlamento intentaron impedir que los soldados entraran en el hemiciclo.
Al parecer, muchos de los soldados no acordonaron diligentemente toda el área, lo que permitió a un número suficiente de legisladores ingresar en la sala de reuniones para rechazar el decreto de Yoon: 190 diputados de un total de 300, incluidos miembros del partido del presidente, consiguieron reunirse para votar el levantamiento de la ley marcial.
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Tras seis horas de confusión, el gobierno accedió finalmente a la petición de los diputados y retiró el texto del decreto. La ley marcial invocada por Yoon había sido derrotada de manera decisiva, pero tendría un efecto devastador para Yoon y su gobierno. La declaratoria fue frustrada en gran medida por la resistencia pública y la vacilación de los militares, además de disturbios y presión social.
Aunque no ocurrieron incidentes de violencia excesiva —ni muertes— más allá de forcejeos, peleas y ventanas rotas, las acciones del mandatario conservador sí provocaron la mayor crisis política en Corea del Sur en décadas, con efectos adversos en sus mercados financieros y en la ciudadanía, que se impuso al miedo, incertidumbre y recuerdos de las dictaduras en las décadas de 1970 y 1980, cuando los líderes y militares utilizaron la ley marcial y medidas de emergencia para reprimir las manifestaciones.
Miles de ciudadanos protestaron, bloquearon vehículos militares y filmaron los acontecimientos, como resistencia al decreto, indicó entonces Amnistía Internacional, que también dio cuenta de que algunas unidades militares se negaron a obedecer órdenes de atacar a civiles, impidiendo un conflicto más amplio. Las peticiones de dimisión se multiplicaron inmediatamente y finalmente, el 14 de diciembre, se aprobó una moción que destituyó a Yoon del cargo.
Acusado de insurrección, enfrenta una posible sentencia de muerte
Yoon ha mantenido que no tenía intenciones de someter al país a un régimen militar durante un periodo prolongado, afirmando que su decreto sólo tenía como propósito informar a la ciudadanía sobre el peligro de que el Parlamento, controlado por los liberales, obstaculizara su agenda. Pero los investigadores han considerado el decreto de Yoon como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo han acusado de rebelión, abuso de poder y otros delitos.
En otra causa criminal, Yoon está acusado de planear una insurrección, un cargo para el que los fiscales han solicitado la pena de muerte, argumentando que carecía de fundamentos legales para declarar la ley marcial y ordenar a las tropas que arrestaran a los legisladores. Corea del Sur es considerado un país abolicionista y mantiene una moratoria no oficial sobre todas las sentencias de muerte: la última fue dictada en 2016 y no ha ejecutado a nadie desde 1997.
También se enfrenta acusaciones por perjurio en relación con su testimonio durante un juicio en el que estaba implicado su antiguo primer ministro, y una violación de la Ley de Fondos Políticos relacionada con un poderoso agente vinculado a su esposa y antigua primera dama, Kim Keon Hee. Estos cargos se suman a los de abuso de autoridad y obstrucción e interferencia en una investigación interna sobre la muerte de un oficial de la Marina en 2023.
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Yoon fue puesto en libertad el 8 de marzo después de que un tribunal anulara su orden de detención. Sin embargo, volvió a ser detenido el 10 de julio, después de que el tribunal concediera una orden de detención solicitada por un equipo especial de fiscales que investigaba cargos adicionales.
Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.
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