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Uno de los últimos documentos que firmó Nicolás Maduro antes de ser capturado por las tropas estadounidenses en Caracas en la madrugada del 3 de enero, fue el Decreto N° 5.200, mediante el cual declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio venezolano. La medida, refrendada posteriormente por Delcy Rodríguez tras asumir como presidenta interina, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 3 de enero y concede múltiples poderes a las Fuerzas Armadas, al tiempo que restringe libertades ciudadanas y derechos constitucionales.
En relación con la movilización del Ejército, el documento ordena la militarización de los servicios públicos, el refuerzo de la vigilancia en las fronteras —incluida la posibilidad de controlar los ingresos al país— y una movilización de tropas a escala nacional.
En el ámbito civil, la declaratoria permite la suspensión de reuniones o manifestaciones públicas, así como el libre tránsito de personas y vehículos. Además, el Estado podrá requisar bienes necesarios para la defensa nacional y solicitar servicios excepcionales por parte de ciudadanos.
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El artículo 5, uno de los más cuestionados por colectivos opositores y activistas, agrega que “los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”.
Aunque el texto no especifica qué acciones constituyen la “promoción o apoyo” a las acciones de Donald Trump, es bastante concluyente en cuanto a la criminalización de cualquier acto que celebre la detención de Nicolás Maduro o el despliegue estadounidense en aguas del Caribe.
La oposición ha evitado llamar a la ciudadanía a las calles para presionar por una transición, tras la sorpresiva detención de Maduro, en un clima de creciente militarización de las calles.
El estado de conmoción exterior regirá por 90 días, puntualiza el artículo 12 del decreto, por lo que se mantendrá vigente hasta el 4 de abril de 2026, con posibilidad de una prórroga de tres meses, bajo aprobación de la Asamblea Nacional —controlada por el chavismo—.
La declaratoria abre la posibilidad, además, a que el jefe de Estado dicte “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias”.
El decreto se fundamenta constitucionalmente en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de 1999 y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. La Carta Magna puntualiza que el Estado de Conmoción Exterior puede decretarse en casos de conflicto externo que ponga “seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
Eso sí, derechos intangibles –como la vida, el debido proceso o la libertad de información– permanecen protegidos teóricamente.
Si bien organizaciones de referencia sobre presos políticos no han confirmado detenciones vinculadas al estado de conmoción interior, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció acciones de “intimidación, tales como requisas arbitrarias y detenciones injustificadas de personas”, en medio de un “despliegue inusitado de fuerzas de seguridad”.
Temor por excesos estatales
El decreto de Estado de Conmoción Exterior es una herramienta constitucional, pero su implementación ha hecho temer a organizaciones de derechos humanos venezolanas por los excesos o arbitrariedades en que puedan incurrir las fuerzas de seguridad del Estado, en un país donde entidades existen más de 800 presos políticos confinados en las prisiones estatales, según entidades como Foro Penal Venezolano.
“Hay un temor generalizado porque los venezolanos saben la capacidad de represión y maldad que puede tener el régimen”, afirma a France 24 José Manuel Guanipa, especialista en justicia constitucional. En 2017, tras un estallido social que el gobierno intentó sofocar con el aparato represivo, más de 120 personas murieron, mientras miles más fueron detenidas.
Guanipa destaca que, si bien “el decreto está previsto en la Constitución venezolana, dentro de los estados de excepción”, el país ya vivía en una situación de restricción de derechos constitucionales “por la vía de hecho”, en alusión a la persecución de la oposición. Así, el documento que entró en vigor el 3 de enero “no aporta nada nuevo”, a juicio del analista.
En la misma línea, Alí Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia, aseguró a France 24 que “en virtud de la ausencia del estado derecho en Venezuela, el derecho no cambia nada en la práctica”.
Las palabras de los analistas se alinean con un comunicado publicado este miércoles por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, en el que destaca que la situación de derechos humanos en Venezuela está “en continuo deterioro… durante casi una década”.
Naciones Unidas expresó su preocupación porque “la inestabilidad actual y la creciente militarización debido a la intervención estadounidense empeoren aún más la situación en Venezuela”. En consecuencia, exhortó “a las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.
Pero en las calles venezolanas se vive “una situación de tensión”, describe Guanipa. “Sabemos por los comentarios entre nuestros amigos y familiares que hay una red que actualmente te pueden parar en cualquier calle y revisar tu celular; si tienes alguna información o algún comentario, incluso hasta cómico, de la situación, te llevan detenido, cuando no te exigen el pago de una cantidad de dinero exorbitante para evitar que te priven de la libertad”.
Daniels señala que han algunas personas “han señalado que funcionarios les han dicho que están obligados a revisarles los teléfonos, una medida que en la legalidad normal no podría ocurrir”. El experto escenifica un caso en el que “si una persona tiene una foto de Maduro detenido, tranquilamente un policía puede entender que eso es apoyar o celebrar esa situación”.
Detenciones sospechosas
Desde el inicio del estado de conmoción exterior, múltiples oenegés se han encargado de monitorear y comprobar los arrestos presuntamente asociados al decreto excepcional.
Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, destacó el caso de “dos adultos de la tercera edad” que fueron detenidos esta semana en el estado de Mérida. “Son agricultores que aparentemente estaban celebrando lo que pasó el día sábado, un vecino los denunció y fueron detenidos. Eso nos preocupa porque el artículo 5 del decreto ha sido entendido como una orden de persecución y es muy fácil que se cometan abusos”, ahonda el activista.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó el lunes de la detención de 14 comunicadores mientras ejercían su labor, durante la sesión de apertura de la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Horas después, la organización detalló que 13 de los comunicadores habían sido liberados, mientras que uno de ellos, presuntamente afiliado a la cadena CNN, habría sido deportado.
Foro Penal Venezolano confirmó la detención y liberación de los periodistas. Además, el presidente de la entidad, informó de la detención del estadounidense James Luckey-Lange, quien “se presume que fue arrestado el 8 de diciembre de 2025 —un mes antes de la entrada en vigor oficial del estado de conmoción exterior— cuando intentaba entrar a Venezuela desde Guyana“. No obstante, la organización no ha ofrecido más detalles del caso que puedan vincular esta detención al estado de conmoción exterior, cuyo borrador ya se comentaba en los últimos meses del 2025.
Los militares cerraron filas con el mandato presidencial. “Respaldamos plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional”, afirmó el fin de semana Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, mientras leía un comunicado en el que exhortaba al ejército a usar “todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”.
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