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“La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención, se llevó la mitad del territorio”, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de noviembre pasado, al reaccionar a la primera insinuación de Donald Trump sobre una posible intervención en territorio mexicano para combatir al narcotráfico como parte de su estrategia de seguridad nacional.
En ese momento, la advertencia parecía retórica. Washington apenas había autorizado ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe, no había apuntado a una captura de Nicolás Maduro y su interés por anexar Groenlandia se había enfriado. Pero con el paso de las semanas, el contexto cambió. Las declaraciones de Trump comenzaron a tomarse con mayor seriedad en México, especialmente tras la operación en Caracas, que alteró los cálculos regionales.
La retórica del mandatario estadounidense —incluida su sugerencia reciente de que Washington podría verse obligado a “hacer algo” frente a los cárteles que, según él, “controlan México”— reactivó en su vecino latinoamericano el temor a una acción unilateral. Frente a ese escenario, el Gobierno de Sheinbaum apostó por reafirmar su tradición diplomática: defensa del derecho internacional, rechazo a la intervención y llamado a la desescalada. “Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, subrayó la presidenta esta semana, al tiempo de buscar bajar el tono a los escenarios más extremos.
“No creo en una invasión; ni siquiera creo que sea algo que se estén tomando muy en serio”, aseguró. Recordó que Trump ha insistido en varias ocasiones en que se permita la entrada del Ejército estadounidense a México, una propuesta que el Gobierno de Sheinbaum ha rechazado de forma categórica. “Primero, porque defendemos nuestra soberanía; y segundo, porque no es necesario”, argumentó.
Sin embargo, para Carlos Vilalta Perdomo, profesor e investigador en temas de seguridad, el umbral del riesgo ya se ha desplazado. “Las amenazas han pasado de ser simple palabrerío a una probabilidad”, advirtió.
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En su lectura, el escenario más plausible no es una invasión convencional, sino acciones quirúrgicas: ataques con drones y operaciones de fuerzas especiales. Incluso un aumento de la ofensiva de Sheinbaum contra el crimen organizado, sostiene, no garantizaría evitar una acción unilateral, debido a la desconfianza estructural de Washington hacia el Estado mexicano.
“Tanto en el Capitolio como para gran parte de la opinión pública estadounidense, la idea de intervenciones quirúrgicas de ‘seguridad nacional’ está siendo aceptada sobre la premisa de que el fin justifica los medios”, dice. En ese contexto, afirma, México ha ganado tiempo, pero “los intereses políticos y electorales de Estados Unidos son más fuertes que cualquier cosa que haga México o cualquier otro país de la región”.
Para Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, las señales que llegan desde Washington deben leerse más como un mecanismo de presión política que como un plan operativo inmediato.
En su análisis, las acciones en Venezuela tienen un fuerte componente simbólico. “Se trata de una reacción que genera un impacto psicológico, no solo en México, sino en otros liderazgos de la región”, explica. Ese efecto, añade, se amplifica en la medida en que la figura de Donald Trump aparece reforzada, lo que termina traduciéndose en mayor presión sobre la presidenta mexicana y su equipo.
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¿Intervención militar?
Sánchez considera poco viable una acción militar unilateral de Estados Unidos contra los carteles en México. “La situación mexicana es muy distinta a la de Venezuela”, subraya.
Aunque reconoce que Trump ha demostrado ser más proclive que otros presidentes a cruzar ciertos límites, el académico cree que ese escenario sigue siendo marginal. “No se puede descartar del todo, pero sigue siendo una posibilidad menor”, señala. A su juicio, la amenaza cumple otra función: servir como palanca para arrancar concesiones a México. Una dinámica delicada en el contexto de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Según Sánchez, algunos de los límites que México había logrado sostener podrían debilitarse. “La combinación de lo ocurrido en Venezuela y el proceso de renegociación comercial le da al Gobierno de Estados Unidos herramientas suficientes para aumentar la presión”, explica.
Entre las posibles exigencias de Washington, el experto menciona más extradiciones, un mayor énfasis contra ciertas organizaciones criminales, más despliegue en la frontera y niveles más profundos de cooperación, incluso con operativos conjuntos.
En materia de seguridad, el investigador reconoce avances bajo el Gobierno de la izquierdista Sheinbaum. Señala que los decomisos relacionados con el robo de combustible (huachicol fiscal) se han duplicado respecto a gobiernos anteriores, sin embargo, matiza: “Eso no significa que no haya áreas de oportunidad”. Y advierte que esos resultados, aunque reducen el riesgo de una intervención, no garantizan que Washington se dé por satisfecho y mantendrá una estrategia de presión gradual.
El escenario que debe evitarse es algo similar a lo que ocurrió con Maduro, pero aplicado a narcotraficantes mexicanos”
Para el académico, la frontera más clara que México debe trazar es evitar cualquier acción unilateral en su territorio. “El escenario que debe evitarse es algo similar a lo que ocurrió con Maduro, pero aplicado a narcotraficantes mexicanos”, advierte.
Aclara que eso no excluye la cooperación o la asistencia estadounidense, pero sí marca un límite político y jurídico. En ese contexto, menciona que el uso de drones se mueve en una “zona gris”, recordando que ya se han registrado sobrevuelos estadounidenses sobre territorio mexicano. De cara al futuro, el investigador insiste en que la mejor defensa pasa por resultados sostenidos en seguridad. “Mientras más avances haya, menos argumentos existen para justificar una intervención”, señala.
Vilalta coincide. “Hay que contrarrestar esta doctrina intervencionista con éxitos contundentes en aduanas y puertos, y publicitarlos internacionalmente”. Sobre las “líneas rojas”, afirma: “Si hablamos de acciones no negociables, me temo que México está hoy en un territorio gris”.
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“Una línea roja nunca es estática, siempre es de fricción de fuerzas. Y esto es lo que vamos a ver, más fricción”, prevé.
Desde el ángulo jurídico, Moisés Montiel, abogado especialista en Derecho Internacional, explica que una incursión atribuible a Estados Unidos podría ser calificada por México como un acto de agresión bajo el marco de Naciones Unidas. Ello permitiría invocar la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, y, eventualmente, activar el derecho de legítima defensa, siempre bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, con la obligación de notificar al Consejo de Seguridad.
Pero, “en un escenario donde intentemos responder con las armas podría terminar mal para el país”, advierte Sánchez.
Montiel advierte que el derecho internacional se aplica en un terreno profundamente desigual. En ese marco, Washington podría apelar a doctrinas controvertidas como la del “unwilling and unable” (“no dispuesto ni capaz”), un principio invocado por algunos Estados para justificar el uso de la fuerza en territorio ajeno contra actores no estatales —como grupos terroristas— bajo el argumento de que el Estado anfitrión no quiere o no puede neutralizar la amenaza.
El riesgo, señala el jurista, es que esa lógica se extienda para equiparar el narcotráfico a un “ataque armado”, abriendo la puerta a acciones militares unilaterales. Para Montiel, se trata de justificaciones endebles y, en muchos casos, sin base legal, ya que el régimen internacional contra el crimen organizado transnacional no autoriza el uso de la fuerza sin el consentimiento del Estado territorial.
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El precedente peligroso del uso unilateral de la fuerza
Según Montiel, esa lógica ya se ha manifestado en más de 30 operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington consideró vinculadas al tráfico de drogas, acciones llevadas a cabo fuera de un conflicto armado y sin un proceso judicial, y que el jurista califica como “ejecuciones extrajudiciales” por el uso letal de la fuerza sin las garantías exigidas por el derecho internacional.
Pero casos recientes muestran que grandes potencias han violado la prohibición del uso de la fuerza sin enfrentar consecuencias proporcionales. “Tampoco hay que ser inocentes, Rusia hizo lo mismo con Ucrania y no enfrentó mayores sanciones, también lo hizo Israel con los palestinos, EE. UU. con Irán, y un montón más de ejemplos”, afirma Montiel.
“Lo que sí observamos, que indica un agravamiento de la robustez de la prohibición de uso de fuerza, es que los intentos discursivos por presentar como legales estos usos de fuerza cada vez se vuelven más endebles y, ante la inexistencia de mecanismos legales de efectiva coerción, la tendencia pinta peor”, lamentó.
Montiel enmarca todo esto en un tablero mayor: una visión de seguridad continental de EE. UU. que él vincula con un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, una idea que —según él— reintroduce una lógica de zonas de influencia y competencia entre potencias, con ecos de la Guerra Fría.
En ese esquema, “drogas” o “terrorismo” pueden funcionar como argumentos operativos para sostener decisiones estratégicas más amplias. La consecuencia, advierte, es que esos motivos podrían volverse pretextos secundarios dentro de una narrativa geopolítica más grande.
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