Eso pasó este viernes tras una sentencia del máximo tribunal de Venezuela que ordenó la toma “inmediata” de instalaciones y equipos de la compañía y tres días después de la decisión de AT&T de cesar las operaciones en Venezuela a raíz de sanciones de Estados Unidos.
Por eso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “tomar posesión inmediata” de “bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centros de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio” de la empresa.
“Para ello, Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada”, anunció el TSJ en un comunicado.
Al mediodía, poco después de divulgarse la sentencia, unos veinte militares de la Guardia Nacional armados con fusiles custodiaban la entrada de la Torre DirecTV en el sureste Caracas.
El TSJ también instruyó designar “una junta administradora ‘ad-hoc'” de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (DirecTV Venezuela) para “garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios” y los “derechos laborales” de los trabajadores luego de despidos.
Emitió además una prohibición de salida del país, así como de movilizar cuentas bancarias o gravar bienes, contra los actuales directivos.
El martes, cuando anunció el fin de las operaciones de DirecTV en el país caribeño, la compañía con base en Texas explicó que sanciones de Washington prohibían la transmisión de la televisora privada venezolana Globovisión y del canal de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA TV.
Sin embargo, el gobierno socialista de Nicolás Maduro exige a las empresas de televisión de pago, a las que otorga una licencia, que emitan esos dos canales.
DirecTV abarcaba el 45,32 % del mercado de televisión por suscripción en Venezuela, según cifras oficiales, y el cese de sus operaciones afecta a unos 6,5 millones de personas en este país de 30 millones de habitantes.
El TSJ admitió un recurso de amparo interpuesto el miércoles por la abogada María Alejandra Díaz, miembro de la chavista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela. Pedía la restitución del servicio.
El líder parlamentario opositor Juan Guaidó rechazó la sentencia de la corte y responsabilizó a Maduro. “No solo son culpables de que DirecTV se haya ido del país, ahora le quitan los equipos y amenazan a sus extrabajadores”, escribió Guaidó en Twitter.
Su mayor aliado, Estados Unidos, también culpó a Maduro:
“¿Por qué los venezolanos no pueden ver Fútbol Total (popular programa deportivo en América Latina)? Porque Nicolás Maduro expulsó a DirecTV. Proteger a sus compinches y su dinero es más importante que permitir que diez millones de ciudadanos accedan a información sin censura”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
“Vaya cinismo”, le respondió el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter, asegurando que las sanciones estadounidenses “bloquean el derecho a la información de millones de venezolanos”.
Washington, entre sus sanciones a Venezuela y PDVSA, emitió medidas contra Globovisión y su propietario, el empresario Raúl Gorrín, acusándolo de corrupción.
No es la primera vez que las autoridades ocupan por la fuerza instalaciones de trasnacionales estadounidenses que abandonan Venezuela.
Así sucedió en 2018 con la productora de alimentos Kellogg’s o el fabricante de neumáticos Goodyear, que cesaron operaciones por el creciente deterioro económico en un país que se encamina ahora a su séptimo año de recesión.
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