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Desde hace varias horas, los servicios federales estadounidenses están parcialmente paralizados. A falta de un acuerdo en el Congreso para votar el presupuesto de 2026, el país atraviesa un nuevo “shutdown”. Si bien la causa es política, los efectos son claramente económicos y podrían debilitar aún más una economía que ya se encuentra bajo presión.
Las administraciones federales están en pausa: cientos de miles de funcionarios se encuentran en situación de desempleo técnico. Solo el personal considerado “esencial” (militares, controladores aéreos, personal hospitalario) sigue trabajando, pero sin cobrar. Para los estadounidenses, las consecuencias son visibles en la vida cotidiana: colas más largas en los aeropuertos, trámites administrativos ralentizados, parques y museos cerrados e incluso retrasos en la distribución del correo.
Un alto coste para la economía estadounidense
Cada semana de parálisis podría reducir el crecimiento en 0,2 puntos porcentuales, lo que supone una pérdida de varios miles de millones de dólares, según la compañía de seguros Nation Wide. En 2018-2019, el “shutdown” más largo de la historia —35 días— costó un 0,4 % del crecimiento. Esta vez, el contexto es más frágil: la inflación sigue siendo elevada, el desempleo no baja y las previsiones de crecimiento son moderadas. Por lo tanto, un cierre prolongado podría tener un efecto amplificado en la economía.
Mercados financieros en la niebla y confianza debilitada
Otra consecuencia: el cese de las publicaciones económicas oficiales. La Oficina de Trabajo y Estadísticas, que proporciona datos esenciales sobre el desempleo, el crecimiento y la inflación, ya no puede publicar sus indicadores. Para los inversores, es como un piloto de línea aérea en plena tormenta sin instrumentos de a bordo. La incertidumbre alimenta el nerviosismo de los mercados financieros y debilita el dólar. A medio plazo, los efectos podrían multiplicarse: funcionarios sin cobrar obligados a reducir su consumo, proyectos de inversión suspendidos, contrataciones congeladas… Todas ellas son señales negativas para la confianza de las empresas y los socios extranjeros.
Este nuevo episodio presupuestario da una imagen de inestabilidad de Estados Unidos y corre el riesgo de minar aún más la credibilidad de la primera potencia económica mundial.
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