Con los nuevos requerimientos, las oficinas consulares podrán solicitar todos los números de pasaporte anteriores, la actividad en redes sociales en los últimos 5 años, direcciones de correo electrónico, números telefónicos e información biográfica de los últimos 15 años, incluyendo direcciones, empleos e historial de viajes, recoge CNBC.
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Pero allí no terminan los pedidos: según un funcionario del Departamento de Estado, también pedirán datos adicionales en caso de determinar que “tal información sea requerida para confirmar la identidad o llevar a cabo investigaciones más rigurosas de seguridad nacional”.
El mismo departamento dijo que el endurecimiento de las solicitudes de visa serán usados, particularmente, en aquellas personas “que han sido determinadas para justificar un escrutinio adicional en relación con el terrorismo” y otras inelegibilidades de visa relacionadas con la seguridad nacional, agrega Daily Beast.
Las nuevas preguntas requeridas fueron aprobadas el pasado 23 de mayo por la Oficina de Administración y Presupuesto, a pesar de las críticas de grupos académicos y de educación, que consideran que con ellas habrá largos retrasos en los procesos de solicitud, lo que quitaría incentivos para que estudiantes y científicos viajen al país norteamericano.
Estos requerimientos se suman a otras medidas que ha implantado el actual gobierno de Estados Unidos, cuya política con los migrantes se ha endurecido notablemente, al punto de firmar decretos que afectan la circulación de ciudadanos provenientes de países de mayoría musulmana, o proponer la construcción de un polémico muro en la frontera con México.
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Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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