Este documento incluye a las personas que permanecen en Venezuela pese a la grave crisis política, económica y social; y a garantizar que las personas que se han visto forzadas a migrar a otros países obtengan la protección que requieren y preservar derechos tales como la vida, la integridad, la libertad, la salud y la alimentación, para ellas mismas y sus familias.
Sobre ese aspecto, el 31 de enero de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), contabilizaba 133,574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, al tiempo que se registraban 350,861 personas venezolanas que optaron por otras alternativas migratorias para su regularización.
Esta migración forzada plantea retos a los Estados de la región, entre los que destacan:
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– Otorgar protección internacional a las personas que lo requieran.
– Proteger a las personas de la discriminación y xenofobia, discursos de odio, el riesgo de apátrida, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y el descubrimiento de fosas clandestinas.
– Considerar y solucionar la falta de documentos de identidad y obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria, particularmente acceso a vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos.
“Históricamente, el Estado y el pueblo venezolano han sido de los más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas que lo necesitan. Ha llegado el momento para los países de las Américas de retribuir la solidaridad y apoyar a las personas venezolanas”, dijo la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH.
Por su parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, señaló: “No podemos ser indiferentes ante el dolor de todas las personas venezolanas que tienen que dejar su país por razones tan apremiantes como falta de comida, de medicinas o por persecución política. Es fundamental priorizar la protección de la persona con un enfoque de derechos humanos, evitando criminalizar y restringir la migración y la protección de quienes lo necesitan”.
La CIDH instó a los Estados de la región a implementar sus recomendaciones y brinda su cooperación técnica en:
– La elaboración e implementación de políticas públicas.
– Leyes y prácticas dirigidas a abordar la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas, para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo, así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas.
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