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A sus 70 años, Javier Giraldo pasa más tiempo en la enfermería que en su celda. Su delicado estado de salud, lejos de mejorar, se ha agravado tras cuatro años y cuatro meses de detención. Su mayor temor es morir en prisión. Pero hoy la posibilidad de una liberación vuelve a asomar. El viernes 30 de enero de 2026, la presidenta venezolana interina, Delcy Rodríguez, prometió una ley de amnistía general «que cubra todo el periodo político desde 1999 hasta hoy».
Presionado por Estados Unidos tras el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa el pasado 3 de enero, el régimen chavista ya se había comprometido a liberar a “un gran número” de presos políticos, aunque nunca los reconoció como tales. En la práctica, las excarcelaciones se producen a cuentagotas: antes del anuncio de Delcy Rodríguez, la ONG especializada Foro Penal contabilizaba 383 liberaciones desde diciembre, muy lejos de las más de 800 anunciadas por las autoridades. A día de hoy, aún permanecen encarceladas 687 personas. Entre ellas, 59 extranjeros y binacionales, la mayoría colombianos. Javier Giraldo es uno de ellos.
“Se declaran culpables para que dejen de torturarlos”
En el momento de su detención, este padre de familia residía en Venezuela. Cruzaba con frecuencia la frontera para recibir tratamiento médico en Colombia. Hasta que alguien lo denunció a cambio de dinero y Javier Giraldo fue enviado a prisión y condenado a 30 años de reclusión. “Supuestamente condenado”, matiza su hijo Joan, ya que no existe rastro alguno de esa sentencia. Como muchos otros, Javier Giraldo fue víctima de un simulacro de juicio.
“La gente tiende a declararse culpable y a decir lo que le obligan a decir para que cesen las torturas psicológicas y poder salir de prisión”, denuncia su hijo ante los micrófonos de Marine de La Moissonnière, del servicio internacional e RFI. “A todos se les acusa de traición a la patria, terrorismo, espionaje, incitación al odio… Delitos que el régimen ha inventado para impedir que la población se rebele”. Privados de todo contacto con sus abogados, estos presos políticos llegan incluso a seguir sus juicios a distancia. El resultado suele ser el mismo: condenas de varias décadas de cárcel.
Además de las torturas psicológicas, la mayoría de los testimonios relatan días enteros sin ver la luz del sol, escasez de alimentos y ausencia de contacto con familiares. Las condiciones de detención varían según la nacionalidad del preso y el lugar de encarcelamiento. Foro Penal ha identificado 160 centros penitenciarios en todo el país.
El más emblemático es la prisión del Helicoide, un antiguo centro comercial de Caracas reconvertido en sede del servicio nacional de inteligencia. Sin embargo, según Alfredo Romero, director de Foro Penal, el peor de todos es El Rodeo I. Situado en el estado Miranda, está gestionado desde 2024 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. “Todos los que han salido de allí, incluso quienes pasaron por el Helicoide, lo describen como el infierno. Relatan tratos crueles, torturas… Allí se castiga absolutamente todo», explica. Él mismo pudo acceder al recinto: recuerda a los guardias con el rostro cubierto y la bolsa negra que le colocaron en la cabeza al entrar. «Todo está diseñado para hacer el lugar aún más aterrador de lo que ya es”.
Presos utilizados como moneda de cambio
Frecuentes en el pasado, las detenciones arbitrarias se volvieron sistemáticas tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024. Lo mismo ocurrió con las detenciones de extranjeros, que el régimen utiliza como moneda de cambio. Es el caso de Lucas Hunter. Este francoestadounidense fue arrestado el 7 de enero de 2025 mientras se encontraba de vacaciones en Colombia, tras acercarse demasiado a la frontera venezolana.
Durante seis meses, su familia no recibió ninguna prueba de vida. Sumida en la angustia, tuvo además que enfrentarse a la frialdad de la burocracia francesa. “Tuve que pelear por cada gestión”, denuncia su hermana Sophie. Relata intercambios muy tensos con el consulado en Caracas, describe a una cónsul general en Washington poco conocedora del caso y lamenta la ausencia de cualquier gesto del ministro de Asuntos Exteriores o de su equipo hacia su madre. “El Gobierno francés trata las detenciones arbitrarias como un asunto administrativo, con una falta de humanidad que me dejó perpleja”, afirma. Contactado por este medio, el Quai d’Orsay no hizo comentarios.
Lucas Hunter fue finalmente liberado seis meses después, el 19 de julio, en el marco de un intercambio de prisioneros: decenas de migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador a cambio de diez detenidos estadounidenses y 80 presos políticos. El joven pasó primero dos semanas en una base militar de Estados Unidos, donde recibió seguimiento psicológico, un programa destinado habitualmente a soldados que regresan de zonas de conflicto.
El regreso a Francia fue duro. Se le negó el acceso al hospital militar Bégin y el Ministerio de Asuntos Exteriores ni siquiera pudo facilitarle una lista de psicólogos especializados en trastorno de estrés postraumático. “Quedó profundamente conmocionado al sentirse abandonado y al ver que era su familia la que tenía que encargarse de todo”, relata Sophie Hunter. Así, una vez en libertad, comienza para los presos políticos otra batalla: la de la reconstrucción.
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