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El presidente interino de Perú, José Jeri, implementó el estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao durante 30 días para combatir la ola de violencia. La medida permite el despliegue del ejército. La inseguridad fue la principal causa que llevó al Congreso a destituir a la entonces presidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre.
El Gobierno interino de Perú declaró el estado de emergencia en la capital, Lima, y en el vecino puerto del Callao durante treinta días, para combatir la ola de violencia y extorsiones que atraviesa el país y que se atribuyen al crimen organizado. La medida durará inicialmente 30 días y afecta a diez millones de residentes.
Bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo puede desplegar al Ejército y militarizar las calles, así como restringir derechos como la libertad de reunión o la inviolabilidad de domicilio, facilitando los allanamientos. También se prohíbe que dos personas viajen en la misma moto, una modalidad usada por el sicariato.
El país está sufriendo en la actualidad un importante aumento en la violencia. Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a 17.519 en 2024, siendo Lima la localidad más afectada. En lo que va de año, ya se han acumulado 20.705 denuncias, superando ampliamente al año pasado, pese a que aún estamos en noviembre.
“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, explicó el presidente interino, José Jeri, en un comunicado por vídeo.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, agregó. Esta es la primera acción importante que toma su ejecutivo en las dos semanas que lleva en el poder, después de que el Congreso destituyese a la entonces presidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre.
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Boluarte cayó en un rápido juicio político motivado por la crisis de inseguridad. El Congreso nombró en su lugar a José Jeri, que hasta la fecha era el jefe del legislativo.
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