Sin embargo, en una rueda de prensa, en nombre del Legislativo, la diputada Delsa Solórzano aseguró que Acosta Arévalo “estaba brutalmente torturado, tenía símbolos visibles de tortura” la semana pasada cuando fue llevado a tribunales para la audiencia de presentación.

El resto de los detenidos también habían sido torturados“, prosiguió Solórzano en alusión al grupo de hombres que fue detenido luego de que el régimen los acusara de conspiradores y de que la Fiscalía pidiera encarcelarlos.

Por ello, la legisladora informó que el Parlamento ha solicitado a Naciones Unidas (ONU) aplicar los protocolos internacionales en Venezuela para investigar casos de tortura de forma “independiente, imparcial, sin ningún tipo de sesgo político por parte de las autoridades correspondientes”.

Bajo esta premisa, prosiguió, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, no debe encabezar las averiguaciones pues “no es más que un instrumento político” del presidente Maduro “y de sus cómplices”.

En este caso, la investigación internacional, según Solórzano, “aplica para los detenidos que hoy están vivos pero que fueron torturados” y para el capitán que perdió la vida el pasado sábado.

“Esta investigación imparcial puede hacerse a través de expertos internacionales de la materia, de tal manera que estamos solicitando por escrito la designación de un cuerpo de expertos internacionales que puedan contribuir a la transparencia que se requiere en este caso”, sostuvo.

La diputada pidió proteger a los familiares de los militares que fueron detenidos el mes pasado por presunta conspiración y denunció que ni los diputados o los abogados defensores han podido ingresar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde estaba recluido el capitán Acosta.

Además, instó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a que el 5 de julio, cuando se tiene previsto el desfile castrense anual por la firma del acta de la independencia, no rindan honores “a los responsables de la muerte, del asesinato de un compañero”, en alusión a Nicolás Maduro.

La justicia venezolana anunció este lunes la detención de dos militares, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por su presunta responsabilidad en la muerte del capitán y les acusó por el delito de “homicidio preterintencional”.

El fiscal general celebró la detención y aseguró que el Ministerio Público está “cumpliendo con el compromiso (…) de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas” de este hecho que ha acaparado la atención mediática en las últimas 48 horas.