Una investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania, publicada en agosto, reveló abusos sexuales aterradores llevados a cabo durante décadas por más de 300 “curas predadores”. Más de 1.000 niños fueron víctimas de sus actos, encubiertos por la Iglesia católica en este estado.
En el informe final, redactado por un jurado popular, el cardenal Wuerl aparece citado en numerosas ocasiones como uno de los responsables eclesiásticos que contribuyeron a silenciar el escándalo.
El cardenal se defendió en un comunicado, asegurando que el informe demostraba que había “actuado con diligencia, en el interés de las víctimas y para evitar nuevos abusos”.
Sus defensores destacaron que sancionó a algunos curas y que incluso opuso resistencia a una orden del Vaticano para restablecer las funciones de uno de los curas pederastas.
Pero el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, lo acusó de mentir: “Muchas de sus declaraciones tras el informe del gran jurado son directamente contradictorias con los documentos internos de la Iglesia y los archivos secretos. Sus declaraciones engañosas se suman a los esfuerzos de disimulación”, consideró.
Antes de la publicación del informe de Pensilvania, la Iglesia católica estadounidense ya se había visto sacudida por la renuncia, a finales de julio, del cardenal Theodore McCarrick, de 88 años y exarzobispo de Washington, debido a las acusaciones de abuso sexual a un adolescente en los años 1970.
Tras la investigación llevada a cabo por la Iglesia, el papa Francisco aceptó su dimisión del Colegio Cardenalicio, algo casi inédito en la historia de la Iglesia e informado en un comunicado oficial.
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