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Donald Trump lo había anunciado durante su campaña: tiene la intención de expulsar a “un millón de personas al año”. A casi siete meses de su investidura, el presidente de Estados Unidos no parece dispuesto a bajarse de su caballo de batalla. Mientras amenaza al mundo con aumentar los aranceles, el presidente busca voluntarios que reciban a los migrantes que Washington expulsa. En África y América Latina sus propuestas parecen ser escuchadas.
Por Jean-Baptiste Breen
En el continente americano, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Venezuela y El Salvador han aceptado sucesivamente recibir a individuos expulsados por Estados Unidos. Para la mayoría de ellos, la balanza económica se inclina –como a menudo– del lado de Washington y, concretamente, con los tratados comerciales, estima Tamara Espiñeira, profesora de relaciones internacionales en Sciences Po Rennes y especialista en América Latina.
Ratificado en 2004, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), es un tratado que favorece el intercambio comercial entre la República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
“Las economías centroamericanas dependen mucho de estos intercambios”, resume Tamara Espiñeira, pues estas naciones difícilmente rechazarían una oferta de la Casa Blanca. Sin olvidar que el dólar ocupa un lugar preeminente en sus economías, como en El Salvador y en Panamá, donde es la moneda oficial.
A esto se añaden especificaciones adicionales según cada país.
Guatemala
El 24 de enero de 2025, más de 260 migrantes expulsados de Estados Unidos aterrizaron en Guatemala. El país ya sirve desde hace varios años como nación de tránsito para los individuos expulsados por Washington.
En febrero de 2025, sin embargo, anunció que “aumentaría en un 40% el número de vuelos de personas expulsadas”. Una decisión elogiada por la Casa Blanca. Los estadounidenses representan un apoyo importante para el actual gobierno de Bernardo Arévalo. “Sin la intervención bastante firme de Estados Unidos el año pasado, defendiendo los resultados de las elecciones de 2023, los litigios con el antiguo poder guatemalteco aún estarían en curso”, subraya Tamara Espiñeira.
Después de meses de procedimientos judiciales iniciados contra él para impedirle acceder al poder, Bernardo Arévalo recibió un apoyo significativo de la administración del expresidente Joe Biden quien sancionó, en particular, a unos 300 juristas guatemaltecos que se oponían a la investidura del presidente recién elegido.
Perder el apoyo de Estados Unidos al rechazar una propuesta de Trump representaría un riesgo importante para la presidencia de Bernardo Arévalo.
Panamá
Tres semanas después de que Guatemala recibiera migrantes expulsados de los Estados Unidos, le toca a Panamá. Sucedió el 12 y el 15 de febrero, cuando llegaron aviones con 299 ciudadanos de diferentes países.
Un acuerdo visto como “una obviedad” por Marilou Sarrut, doctoranda en geografía y autora de una tesis sobre las travesías migratorias a través de la selva del Darién. “La historia panameña está entrelazada con la acción estadounidense”, resalta. Independiente en 1904 con la ayuda de Washington, Panamá y su administración han estado desde entonces “impregnados por Estados Unidos”, detalla.
“La policía fronteriza panameña, en particular las fuerzas que operan dentro de la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, están entrenadas en parte por Estados Unidos”, continúa. El acuerdo alcanzado con Donald Trump se inscribe entonces en la larga historia común de los dos países, ya que los estadounidenses han externalizado sus fronteras en Panamá desde hace mucho tiempo. El presidente estadounidense no dejó de recordar la asimetría en las relaciones entre los dos países con sus repetidas amenazas de retomar el control del Canal de Panamá.
Costa Rica
Siguiendo los pasos de Panamá, Costa Rica aceptó a su vez, el 17 de febrero, acoger temporalmente a 200 migrantes irregulares, entre ellos individuos de Asia Central e India deportados por Estados Unidos. Además del CAFTA, del que Costa Rica forma parte, Washington tiene otro argumento de peso para que la “Suiza de Centroamérica” se adhiera a su política migratoria: la seguridad.
Desde 1948, Costa Rica ha jurado neutralidad. No tiene ejército. Miembro de la Organización de los Estados Americanos, el país ve sus intereses de seguridad atendidos por los demás Estados miembros en caso de conflicto, entre los que se encuentran los Estados Unidos.
La seguridad costarricense confía su seguridad en el marco de “operaciones de lucha contra el narcotráfico”, señala Tamara Espiñeira. La presencia militar estadounidense está asegurada por acuerdos de cooperación entre los dos países, como el firmado en 1999, y cuya policía también es entrenada por Estados Unidos.
Los marines enviados regularmente a Costa Rica se convierten entonces en una “especie de ejército costero estratégico” según Espiñeira, beneficiando así a ambos países en su lucha contra el narcotráfico.
Venezuela
Las relaciones entre Washington y Caracas son, en apariencia, desastrosas. Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la reelección en 2024 del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y corrupción. Desde su primer mandato, Donald Trump ha criticado regularmente a su homólogo venezolano y anunció, el 8 de agosto de 2025, haber duplicado a 50 millones de dólares la recompensa por su arresto.
Paradójicamente, desde el 10 de febrero, Venezuela ha recibido a más de 500 individuos, todos originarios del país, expulsados por Estados Unidos. Nicolás Maduro acepta estos acuerdos “para mantener viva la economía de Venezuela”, afirma Tamara Espiñeira. El petróleo, y más concretamente la licencia de explotación de la petrolera estadounidense Chevron, parece ser el argumento estrella de los estadounidenses. Revocada por Donald Trump el 26 de febrero de 2025, la autorización de Chevron para extraer petróleo venezolano fue renovada de forma restringida a finales de julio, según Reuters. “Venezuela necesita absolutamente esta licencia porque su economía depende del petróleo”, concluye Tamara Espiñeira.
El Salvador
Acusados por el gobierno estadounidense de ser parte de la banda venezolana “Tren de Aragua”, 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador el 15 de marzo. Una situación sensiblemente diferente a la de los otros países mencionados. En El Salvador, todas las personas expulsadas por Washington son consideradas criminales y, por lo tanto, fueron encerradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad donde las celdas de 90 m2 albergan a 150 reclusos cada una.
Lejos de sufrir la política de Washington, el presidente salvadoreño Nayib Bukele parece fomentar la colaboración. Recibido en la Casa Blanca el 14 de abril, es el primer líder latinoamericano en pisar el suelo de la Oficina Oval gobernada por Donald Trump. La acogida de los expulsados le permite afianzar sus lazos con Washington y también recibir importantes compensaciones financieras. Estados Unidos habría pagado seis millones de dólares a este país como parte de este acuerdo, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La cantidad de dinero podría seguir aumentando a medida que continúan los desalojos.
En África, recibir a cambio de la “gracia”
A pesar de numerosas negativas, tres naciones africanas – Eswatini, Sudán del Sur y Ruanda – aceptaron recibir a quienes Washington está deportando. Estos países deseaban recibir la “gracia de Washington”, explica Thierry Vircoulon, investigador asociado del Centro África Subsahariana del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri). “La mayoría de ellos quieren evitar ser víctimas de una prohibición total de visados”, dijo.
Sudán del Sur
El 8 de julio, Sudán del Sur recibió a ocho hombres –sólo uno de ellos de Sudán del Sur– expulsados de Estados Unidos. El gobierno ha expresado su voluntad de acoger a más expulsados, pero habría fijado ciertas condiciones, según información del medio Politico.
El país pide a Washington que elimine la revocación de los visados de sus ciudadanos, que entró en vigor en abril de 2025. Sudán del Sur pediría que se levanten las sanciones contra varios miembros del gobierno, incluido el vicepresidente Benjamin Bol Mel, acusado de corrupción por Estados Unidos. Finalmente, Sudán del Sur solicita el apoyo estadounidense en los procedimientos judiciales contra el primer vicepresidente del país, Riek Machar, acusado de fomentar una rebelión para impedir la celebración de las elecciones de diciembre de 2026.
Ninguna de estas solicitudes tuvo éxito, pero Sudán del Sur sigue presentándose como aliado de Estados Unidos. Aceptar las propuestas estadounidenses sería así una forma para ganarse la confianza de Washington y esperar, algún día, que se atiendan algunas de sus peticiones.
Eswatini
La pequeña monarquía de Eswatini siguió los pasos de Sudán del Sur al firmar un acuerdo similar con Estados Unidos, que se hizo público el 16 de julio. Solo cinco personas han sido enviadas hasta ahora a este estado de 17 000 km2 enclavado en Sudáfrica. Originarios de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, los cinco expulsados serían todos criminales de “una barbarie inaudita”, declaró en X Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Sudáfrica está preocupada por la llegada a Eswatini de cinco criminales extranjeros expulsados por Washington.
Ruanda
Último país en firmar un acuerdo con Washington, Ruanda se prepara para recibir a 250 personas expulsadas por Estados Unidos. En 2022, ya se había anunciado un acuerdo similar entre Gran Bretaña y Ruanda antes de ser invalidado al año siguiente por el Tribunal Supremo. Esto no impidió que Ruanda recibiera una parte de la contrapartida monetaria prometida, unos 280 millones de euros. Según Jean-Claude Katende, habría, por lo tanto, “una razón puramente financiera” para que Kigali aceptara este acuerdo estadounidense, pero también un interés en “beneficiarse de una mano de obra accesible y pagada con salarios bajos”.
“Ruada intenta apaciguar a la administración Trump en el marco de las negociaciones con la República Democrática del Congo y Estados Unidos [acuerdo de paz del 27 de junio de 2025, NDLR]”, considera Thierry Vircoulon. En resumen, se trata de ofrecer algo a Trump, mientras que el gobierno congoleño le da acceso a su sector minero. Negociaciones en las que Ruanda está lejos de estar en una posición de fuerza.
Ya sea Sudán del Sur, Eswatini o Ruanda, estos países “se encuentran entre los más pobres del planeta y también son origen de flujos migratorios”, recuerda Thierry Vircoulon. Según el investigador, “es evidente que los expulsados que lleguen van a abandonar estos países ultra pobres y retomar las rutas de la inmigración clandestina”.
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