Ese tesoro está depositado en el Banco de Inglaterra. No obstante, la justicia británica tampoco reconoció a Nicolás Maduro como el tenedor en derecho de los lingotes, sino que ordenó seguir indagando.
Una corte comercial de Londres había estimado en julio que Guaidó fue “reconocido inequívocamente” como jefe de Estado con todos los poderes por el Reino Unido, cuando junto a medio centenar de países Londres lo consideró en febrero 2019 “presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles”.
Esto le concedía, según dicha decisión, el control del oro de la reserva nacional guardado en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra e impidió al gobierno de Maduro recuperar una parte de los fondos, valorada en 1.000 millones de dólares, que asegura necesitar para combatir la pandemia de COVID-19.
Denunciando un “descarado robo de piratería”, el ejecutivo de Venezuela recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación de Londres y este determinó el lunes que el caso no es tan sencillo.
En opinión de los jueces Lewison, Males y Phillips la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, reconociendo a Guaidó fue ambigua.
Y antes de seguir adelante con este asunto de fuertes implicaciones diplomáticas y financieras, hay que aclarar si se le otorgó en realidad algún poder y cuál.
“Será necesario determinar si el gobierno de Su Majestad reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a ningún efecto” o si “también reconoce a Maduro como la persona que de hecho ejerce algunos o todos los poderes del presidente de Venezuela”, escribieron los jueces en su decisión.
Durante tres días de juicio centrados en cuestiones extremadamente técnicas a finales de septiembre, los abogados de Caracas se esforzaron por demostrar que al no haber roto relaciones diplomáticas con Maduro, y seguir manteniendo a sus respectivos embajadores, Londres “reconoce aunque no apruebe” a su gobierno.
Estudios técnicos para entregar
Los magistrados devolvieron así el caso a la corte comercial ordenando que lleve a cabo una investigación en profundidad.
Tras conocerse este revés, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, que había celebrado la sentencia de julio como una “victoria del pueblo”, no respondió a la petición de comentarios de la AFP.
Tampoco fue posible contactar de inmediato con los abogados del líder opositor en Londres.
Para Sarosh Zaiwalla, representante de la administración Maduro, “el veredicto en primera instancia había llevado a una situación completamente irreal en la que se le decía al presidente del Banco Central de Venezuela y a su junta directiva, que tienen el control total de las oficinas del BCV y de las operaciones diarias del banco central en Caracas, que ya no podían gestionar importantes depósitos del banco central en Londres”.
En su lugar, el acceso al oro “se estaba entregando a un grupo de personas que vivían fuera de Venezuela, a quienes el Tribunal Supremo de Venezuela ya había dictaminado que no tenían ninguna autoridad legal”, agregó.
El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva desde octubre de 2018 -mucho antes de la aparición del coronavirus- intentando sin éxito recuperar una parte, 30 toneladas, del oro custodiado en Londres.
Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Juan Guaidó, nombró a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano. Y aunque dicho nombramiento fue invalidado por el Tribunal Supremo venezolano, eso no le impidió pedir a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían ser malversados por un régimen que califica de “cleptócrata”.
Atrapado entre dos grupos rivales, el Banco de Inglaterra pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.
La existencia de dos “presidentes” rivales lleva tiempo dificultando que el gobierno venezolano pueda acceder a los fondos que tiene en el sistema financiero internacional.
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