“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales ーincluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la torturaー constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión de la ONU, Marta Valiñas, en un comunicado.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.

Sin embargo, Venezuela denunció un “informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, según escribió en Twitter el canciller Jorge Arreaza.

Otro miembro de la misión, el chileno Francisco Cox, declaró ante la prensa que los investigadores de la ONU encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) a quién vigilar y a quién detener.

“Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado […] para sofocar a la oposición”, sostuvo Cox.

Para Guaidó, el informe “despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.

La misión de la ONU investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”.

“Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.

Tanto el Sebín, el FAES y la PNB cometieron detenciones, que más que todo eran “desapariciones forzadas, que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo”, detalló la ONU.