La Ley de Víctimas Infantiles del estado de Nueva York se convierte en un hito en la defensa de los menores que pone en jaque a la Iglesia católica, que ha recibido ya cientos de denuncias, e incluso al fallecido millonario Jeffrey Epstein.

Ahora, las presuntas víctimas tienen hasta los 55 años de edad para empezar un procedimiento civil, en tanto que se ha retrasado la edad de los 23 a los 28 años para la posibilidad de abrir un proceso criminal.

Este requisito no se aplicará durante este año de margen para que los supervivientes de abuso presenten sus demandas, lo que en su primer día ya ha generado un aluvión de centenares de denuncias presentadas en los tribunales neoyorquinos, aunque se esperan miles.

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Yo ya he presentado una denuncia. Lo hice a medianoche la pasada noche. Es la primera oportunidad que hemos tenido para obtener justicia real. Y lo digo para mí y muchos supervivientes”, explica en una entrevista con Efe Stephen Jiménez, víctima de maltrato desde que tuvo 10 años hasta los 14. Ahora tiene 66.

“Haz la cuenta: me ha llevado 52 años para que pueda acudir a un juzgado”, dice este periodista de ascendencia española.

“Mis abusos eran una relación. Yo mantuve una relación sexual con un hermano católico que empezó cuando tenía 10 años. Es alguien que me llevó a la playa, a la piscina… Estuve en casas de baño gay, en saunas, en vestuarios, en duchas… con este hombre cuando tenía 11, 12, 13 años”, detalla sobre su caso, en concreto, un profesor de su colegio religioso que en aquel entonces tenía 50 años.

Su caso no es el único y ya se cuentan por centenares las denuncias aprovechando la “ventana al pasado” que abre esta ley. Un solo despacho de abogados, Jeff Anderson & Associates, ha presentado 262 demandas en todo el estado de Nueva York.

“Hoy es un nuevo día, es un día de esperanza”, anunció Jeff Anderson, el abogado que da nombre a la firma, flanqueado por dos de las víctimas a las que su despacho representa en una rueda de prensa.

Anderson ha sido un combativo abogado contra la Iglesia católica por sus abusos y ha publicado varios informes con centenares de nombres e incluso fotografías de párrocos y miembros del clero.

La Arquidiócesis de Nueva York lleva tiempo preparándose para esta avalancha de procesos legales: a principios del mes pasado, la propia institución demandó a una treintena de aseguradoras para que paguen los costes derivados de estas denuncias, anticipándose a un posible rechazo de estas compañías a hacerse cargo de ellos.

No solo en la Iglesia católica han sobresalido estos casos: también han ocurrido en Yeshivas —escuelas judías—, en los Boy Scouts o con individuos particulares como el difunto millonario Jeffrey Epstein, que se suicidó el pasado sábado en su celda de Nueva York, donde estaba acusado por tráfico sexual de menores.

Jennifer Araoz, de 32 años y que recientemente había acusado a Epstein de violarla cuando era menor de edad, también demandó hoy a la propiedad del empresario, así como a una de sus socias y a tres de sus empleados.

En una columna de opinión en el diario The New York Times, la mujer relató su experiencia, que expuso hace un mes en los medios locales, y señaló que ha demandado “al patrimonio de Jeffrey Epstein y a sus cómplices” gracias a la nueva Ley de Víctimas Infantiles aprobada en el estado de Nueva York.

“Una medida clave de la ley entra hoy en vigor y permite a los supervivientes recuperar alegaciones si el estatuto de limitaciones ha expirado”, indica en referencia al plazo de un año que abre la norma para que las víctimas de abusos sexuales infantiles puedan demandar a sus abusadores, aunque los hechos hayan prescrito.

Según explica en una entrevista a Efe la directora ejecutiva de Child USAdvocacy, Kathryn Robb, esta “ventana al pasado” resulta de vital importancia puesto que “permite a esos supervivientes de abusos sexuales identificar a sus depredadores sexuales. Cuando los identificas, haces que los niños de Nueva York estén más seguros”.

Robb, que sufrió ella misma abusos por parte de un familiar cuando era niña y que dirige ahora una organización que pelea por la defensa de los derechos infantiles, certifica que esto es un “movimiento nacional en el que la gente está diciendo: suficiente. Cero tolerancia”.