El magistrado Haywood Gilliam de los juzgados de Oakland (California) dio así la razón a una coalición formada por 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, una organización ecologista y otra de defensa de los derechos civiles, que habían demandado al Gobierno federal.
Gilliam criticó enfáticamente que “cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo pueda sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos ‘sin el Congreso'”, señalando que tal actitud “no encaja con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República”.
El Congreso aprobó en febrero 1.375 millones de dólares para la construcción del muro, una cifra que quedaba muy lejos de los 5.700 que Trump había pedido inicialmente, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera sur con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.
Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los 1.375 que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros de muro y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.
“El control absoluto del Congreso sobre los gastos federales —incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama Ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes– no es un fallo de nuestro sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo”, apuntó el magistrado.
La decisión de este viernes, que tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que el juez se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva, se produjo justo una semana después de que tanto el Gobierno como las partes demandantes defendiesen sus posiciones en los juzgados.
La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 y una de las medidas que más oposición y atención mediática ha levantado tanto en EE.UU. como en el resto del mundo.
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