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Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos autoriza a los funcionarios de esta agencia gubernamental ejecutar registros e ingresos forzosos en hogares, basándose únicamente en órdenes de remoción o expulsión definitiva de personas del territorio estadounidense. Otorga así amplios poderes a los agentes que podrán prescindir de la orden de un juez o causa probable de que se haya cometido un delito, según el documento al que tuvo acceso la agencia AP.
La nueva directriz dada a los agentes marca un distanciamiento de los consensos existentes sobre los límites impuestos a las búsquedas por parte de autoridades gubernamentales y las protecciones constitucionales relacionadas con la inviolabilidad del domicilio.
Activistas y defensores de derechos civiles apuntan a que la nueva orden transgrede o viola las protecciones contempladas en la cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, incluida en la Carta de Derechos (Bill of Rights) y que trata sobre el derecho a la privacidad y la racionalidad de las búsquedas y registros gubernamentales, las cuales deben estar respaldadas por una orden judicial, causa probable o juramento que declara aquello que se busca o las razones del registro.
“El derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables no será violado, y no se expedirán órdenes judiciales sino con causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y que describa particularmente el lugar que ha de registrarse y las personas o cosas que han de incautarse”.
—Constitución de los Estados Unidos, Cuarta Enmienda.
La nueva directriz también sepulta las recomendaciones dadas durante décadas no solo a migrantes, sino también a ciudadanos en el marco de la protección de la privacidad e inviolabilidad del domicilio, tras jurisprudencia en tribunales federales y la Corte Suprema.
Organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos civiles e inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han instado durante años a las personas a no abrir sus puertas a funcionarios a menos de que se les muestre una orden judicial, que detalle el nombre de la persona que se busca y las razones de la búsqueda o registro. Esta recomendación se basa en sentencias de la Corte Suprema que prohíben a las fuerzas del orden el ingreso en domicilios sin una orden judicial.
Una feroz política antimigratoria
La Administración Trump ha endurecido su política migratoria e impulsado una oleada de deportaciones masivas en todo el territorio estadounidense, con el despliegue de miles de agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos estados. Los procedimientos han sido ampliamente criticados por autoridades locales en California, Nueva York, Florida, Texas, Minnesota, Maine, Illinois, entre otros estados.
Más recientemente, los agentes de ICE han llevado a cabo registros y detenciones de personas por medio de prácticas como el derribamiento de puertas en domicilios y la extracción y arresto de migrantes con procesos en curso. También mediante el establecimiento de bloqueos o puntos de control en vías y a través del uso de la fuerza. Algunos procedimientos han acabado con la muerte o detención de manifestantes y ciudadanos estadounidenses.
El memorando de ICE, firmado por el director interino, Todd Lyons, y con fecha del 12 de mayo de 2025, dice: “Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) históricamente no se ha basado únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”.
La agencia AP afirmó que obtuvo una copia del documento a través de un funcionario del Congreso, quien lo compartió bajo condición de anonimato para poder discutir con amplitud los contenidos de documentos confidenciales. La AP aseguró haber verificado la autenticidad del mismo, así como la veracidad de la denuncia.
La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración enviada por correo electrónico a la AP que todas las personas a las que el departamento entrega una orden administrativa ya han tenido “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.
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Autopsia dictamina como homicidio la muerte del migrante cubano en el centro de detención del ICE
La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso dictaminó el miércoles 21 de enero que la reciente muerte de un detenido cubano en una instalación de inmigración en Texas fue un homicidio, según varios informes forenses revisador por medios estadounidenses.
Geraldo Lunas Campos murió el 3 de enero tras un altercado con los guardias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos había afirmado que este padre de cuatro hijos, de 55 años, había intentado suicidarse y que el personal intentó salvarlo.
Sin embargo, un testigo declaró la semana pasada a la agencia AP que Lunas Campos estaba esposado y que al menos cinco guardias lo sujetaban mientras uno le rodeaba el cuello con el brazo y apretaba hasta que perdió el conocimiento. La autopsia indicó que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello.
Testigos señalaron que Lunas Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente. El diario estadounidense ‘The Washington Post’ y la agencia AP citaron partes de un informe de autopsia realizada por el médico forense adjunto Adam C. González, que había informado que la causa de la muerte fue “asfixia por compresión del cuello y el torso”.
El fallecimiento de Lunas Campos se suma a al menos otras tres reportadas en poco más de un mes en Camp East Montana, una extensa instalación de tiendas de campaña en el desierto en los terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército estadounidense. Y se agrega, también, a la de Renée Good, quien murió tras recibir varios impactos de bala —entre estos uno en la cabeza— por parte de un funcionario del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una manifestación en Minneápolis, Minnesota.
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Detenciones de niños y el arresto de manifestantes
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron este mes al menos a cuatro niños, incluido uno de 5 años, de un distrito escolar del área de Minneapolis, afirmaron funcionarios del distrito escolar. Las detenciones ocurren en medio de preocupaciones sobre el alcance y las tácticas de los agentes policiales federales como parte de la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, que ha visto a 3.000 agentes desplegados en la ciudad más grande de Minnesota. Trump ha descrito la represión como una batalla para expulsar a los criminales violentos de Estados Unidos.
“¿Por qué detener a un niño de 5 años?”, preguntó Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, en una conferencia de prensa el miércoles. “No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento”.
En otro hecho, un abogado de derechos civiles y al menos otra persona involucrada en una protesta contra ICE que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota fueron arrestados, informó la fiscal general Pam Bondi, justo cuando el vicepresidente JD Vance se prepara para visitar el estado.
Bondi anunció el arresto de Nekima Levy Armstrong en una publicación en X. El domingo, manifestantes entraron a la Iglesia de las Ciudades en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es pastor. Bondi publicó posteriormente en X que una segunda persona había sido arrestada.
“Hace unos minutos, siguiendo mis instrucciones, agentes de @HSI_HQ y @FBI han llevado a cabo una detención en Minnesota. Hasta el momento, hemos detenido a Nekima Levy Armstrong, quien presuntamente desempeñó un papel clave en la organización del ataque coordinado contra la iglesia Cities Church en St. Paul, Minnesota… Que quede claro: NO TOLERAMOS LOS ATAQUES CONTRA LUGARES DE CULTO”, escribió la fiscal general, Pam Bondi, en una declaración difundida en su cuenta en X.
Minutes ago at my direction, @HSI_HQ and @FBI agents executed an arrest in Minnesota.
So far, we have arrested Nekima Levy Armstrong, who allegedly played a key role in organizing the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.
We will share more updates as they…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 22, 2026
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Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.
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