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Una fecha clave que se acerca y un país que, de unevo, no logra encontrar un camino para resolver su profunda crisis.
Sumido en una lógica que parece prolongarse, Haití se adentra en un nuevo laberinto institucional que se retroalimenta con la violencia imperante en buena parte del territorio y con el peso de su propia historia, marcada por la muerte, condenas, injerencias y catástrofes naturales.
La fecha clave es el próximo 7 de febrero, cuando quedará caduco el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), que intenta conducir el rumbo político del territorio caribeño desde hace 21 meses.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, dio inicio a un período de incertidumbre que no logró saldar su sucesor, el ex primer ministro Ariel Henry, en sus dos años y nueve meses de gobierno.
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Tras la renuncia de este último, un conjunto de organizaciones políticas y de la sociedad civil, firmaron un acuerdo nacional 3 de abril de 2024 y establecieron la conformación del CPT, integrado por nueve miembros que designaron, en un primer momento, a Gary Conille como primer ministro, y luego a Alix Didier Fils-Aimé.
Las señales para el 7 de febrero
Mientras se acerca el fin del mandato de la presidencia colegiada, actores domésticos y externos mueven sus fichas para incidir en el rumbo del país.
La iniciativa más reciente llegó cuando, en rueda de prensa, el asesor presidencial Edgard Leblanc Fils confirmó que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición (CPT) decidieron destituir al primer ministro Alix Fils-Aimé.
Analistas internacionales consultados por France 24 en Español consideraron que esta definición obedece a una disputa de poder entre los integrantes del mandato presidencial colegiado y el primer ministro.
“Cada uno de de los miembros del Consejo defiende intereses distintos y el primer ministro también tiene otros intereses. Muchos se estaban dando cuenta, dentro del mismo Consejo Presidencial, que File-Aimé quería volver a hacer lo que pasó en 2021 con Ariel Henry, que intentó adueñarse del poder y quedarse jugando el rol de presidente. Entonces, evitaron esto sacándolo de manera arbitraria”, afirma Eddyson Damas, especialista en Haití.
La respuesta internacional no tardó en llegar.
Un día después de esta confirmación, la Delegación de la Unión Europea en Haití y las embajadas de Francia, Alemania y España cuestionaron la decisión.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el apoyo del secretario Marco Rubio al primer ministro y anunció la revocación de visados a dos miembros del CPT y sus familias.
Desde Barcelona, el doctor en Ciencias Políticas y analista internacional Louis Jean Pierre-Loriston, subarraya el rol de Washington en esa controversia: “El primer ministro venía del sector de negocios, del sector económico poderoso del país, pero no tenía un consenso nacional para colocarlo. Ahora bien, al llegar al puesto, contrató unos lobistas en Estados Unidos para asegurar su continuidad, algo que ya no depende del CPT. Por eso, cuando ellos toman la decisión de revocarlo, la embajada de este país se opone”.
El destino incierto de Haití
La última vez que los haitianos pudieron decidir su destino colectivo fue en 2016, durante unas elecciones generales que consagraron a Jovenel Moïse como presidente.
Casi 10 años después, el CPT aprobó la convocatoria a comicios presidenciales y legislativos para el 30 de agosto de 2026, pero en la consideración de los especialistas, esto tampoco ofrece certidumbre para una salida a la crisis del país.
“Yo creo que la situación es más peligrosa que nunca, puede haber mucha violencia porque los integrantes del Consejo quieren revocar al primer ministro, y este se quiere quedar en el poder. Si eso pasa, creería que los partidos políticos y las otras fuerzas van a empezar a moverse y será una batalla campal. La situación es más peligrosa que la que se abrió con el asesinato de Jovenel Moïse”, alertó Jean Pierre-Loriston.
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En la misma línea, Damas advirte que este escenario de incertidumbre “implica mayor descomposición del sistema, más crisis, crecimiento de la cantidad de muertes, aumento de las bandas armadas, inseguridad, pobreza y migración forzada”, y agrega que no hay condiciones para la realización de las elecciones.
“No son posibles porque en la situación de gravedad institucional no hay seguridad en gran parte de la de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde viven alrededor de tres millones de personas, la mayoría de los votantes en una elección. Entonces, ¿cómo vamos a organizar una elección con este nivel de inseguridad? Si las personas no pueden ir a comprar comida ¿cómo van a salir a votar?”.
Ganadores y perdedores de la violencia: ¿cuáles son los intereses de las bandas armadas?
El asesinato del presidente Jovenel Moïse dio inicio a un periodo de violencia que llega hasta estos días y que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), de julio a septiembre de 2025, se cobró la vida de, al menos, 1.247 personas, y otras 710 resultaron heridas.
Los crímenes continuaron en el inicio de 2026, mientras que la organización Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de sus servicios en una de las zonas de la capital ante los permanente enfrentamientos entre la policía y los grupos armados.
La expansión territorial de las bandas y la cantidad de víctimas se incrementó durante el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT).
Un hecho que coincidió con el despliegue de una misión respaldada por la ONU y liderada por policías kenianos, lanzada a mediados de 2024 bajo el argumento de apoyar al Departamento de Policía de Haití ante la escasez de personal y fondos para combatir a las pandillas.
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Según la agencia de noticias Associated Press (AP), a finales de 2025 este grupo contaba con menos de la mitad de la cantidad de efectivos previstos, mientras que la ejecución de los 800 millones de dólares planificados para la operación alcanzaba el 14%.
Los ataques con drones a la casa del líder de una coalición de grupos violentos, Jimmy Chérizier ‘Barbecue’, no alcanzaron para revertir el cuadro de situación.
Ante la impotencia manifiesta de las instituciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y apoyos internacionales, Marco Rubio lanzó una nueva promesa: la conformación de una nueva fuerza de represión integrada por hasta 7.500 personas de diversos países.
Sin embargo, la crisis de seguridad cuenta con otras dimensiones que no forman parte de la agenda local y extranjera.
Indagar sobre los intereses y el financiamiento que opera detrás de las organizaciones delictivas se impone como una necesidad de primer orden para buena parte de los investigadores especializados en Haití.
Tal como informó France 24 en Español, el origen del 30% de las armas que tienen las bandas que controlan el 90% de Puerto Principe, y otras zonas del país, se encuentra en dos condados de Estados Unidos.
“Intentan mostrar que Haití es un país donde los negros no pueden gobernarse por sí mismos. Es un mandato desde 1804 porque fuimos el primer país en independizarnos”, manifiesta Damas para referirse a los intereses que persiguen los grupos criminales. También enfatiza en los recursos estratégicos: “Necesitan que llegue al poder alguien que permita la exploración, el aprovechamiento, la destrucción y el robo de todos los recursos naturales”.
Desde la perspectiva de Jean Pierre-Loriston, el objetivo que persiguen las bandas armadas es económico más que político: “Ellos ya tiene el poder sin estar en el palacio presidencial. Controlan el transporte marítimo y el transporte entre ciudades”.
Con respecto a la responsabilidad de la comunidad internacional, el analista sostuvo que “ingresan contenedores llenos de municiones, llenos de armas y no los pueden parar. Entonces la influencia es clara. No solo sobre las bandas armadas, también sobre los políticos”.
Muchos presidentes y pocos pocos resultados
Con profundas divisiones internas y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea, el Consejo Presidencial de Transición llega al fin de su mandato en un mar de cuestionamientos que arriban desde diversas esferas.
“Los números hablan por sí solos. Anteriormente a ellos, las bandas criminales controlaban el 70% o el 75% de la capital, ahora controlan el 90%. La cantidad de desplazados aumentó. La violencia contra las mujeres aumentó. No veo un balance positivo”, concluye Jean Pierre-Loriston.
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En tanto, para Damas ninguno de los sectores con influencia en el país toma en cuenta el consenso de los haitianos: “Ni los miembros del Consejo Presidencial, ni el primer ministro, ni la comunidad internacional le están preguntando al pueblo qué quiere. Haití es una neocolonia donde el sistema neocolonial y neoliberal está en su fase de destrucción más alta”.
Las estadísticas muestran que los indicadores económicos, sociales y de seguridad no dejaron de empeorar durante los últimos dos años. Ahora los tiempos apremian y las presiones se multiplican, pero cuesta encontrar en el horizonte soluciones a las necesidades más urgentes de la gente, que conoce cada día nuevos niveles de sufrimiento, violencia y miseria.
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