“La acusada se dio a la fuga y se ha lanzado una orden de arresto”, anunció el presidente de la corte, 20 minutos después de la hora prevista para el inicio del juicio en la ciudad de Itzehoe, en el norte de Alemania.

Irmgard Furchner “abandonó su hogar [para personas de la tercera edad] esta mañana. Tomó un taxi“, precisó una portavoz del tribunal, Frederike Milhoffer.

Su abogado, Wolf Molkentin, sí estaba presente en la sala, pero no hizo ninguna declaración.

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Furchner, que en el momento de los crímenes que se le imputan tenía entre 18 y 19 años, debía ser la primera mujer involucrada en el nazismo en ser juzgada desde hace décadas en el país.

Este juicio debía preceder al de un centenario, un exguardia del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín, que comenzará dentro de una semana.

Hasta ahora, Alemania, que durante mucho tiempo se hacía la remolona para encontrar a sus criminales de guerra, nunca había juzgado a exnazis tan ancianos.

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Se debía llevar a cabo además en vísperas del 75 aniversario de la condena a muerte por ahorcamiento en Núremberg de 12 de los principales dirigentes del Tercer Reich.

La acusación sostiene que Furchner participó en el asesinato de detenidos en el campo de concentración de Stutthof, en la actual Polonia, donde trabajaba como dactilógrafa y secretaria del comandante del campo, Paul Werner Hoppe, entre junio de 1943 y abril de 1945.

Unas 65.000 personas murieron en ese campo, cerca de la ciudad de Gdansk, entre ellos, “prisioneros judíos, partisanos polacos y prisioneros de guerra rusos soviéticos”, según la fiscalía.

Órdenes de ejecución de los nazis

El abogado Christoph Rückel, que representa desde hace años a los sobrevivientes de la Shoah, asegura que “ella se encargó de toda la correspondencia del comandante del campo“.

También mecanografió las órdenes de ejecución y deportación y puso sus iniciales“, aseguró a la cadena regional pública NDR.

Tras un largo procedimiento, la justicia estimó en febrero que la hoy prófuga era apta para comparecer pese a su edad avanzada. Pero las vistas judiciales deberían limitarse a unas horas diarias.

Setenta y seis años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la justicia alemana sigue buscando a excriminales nazis aún vivos.

Distintas fiscalías alemanas examinan actualmente ocho casos que implican en particular a exempleados de los campos de Buchenwald y Ravensbrück, indicó la Oficina central para la aclaración de crímenes del nacionalsocialismo a la AFP.

Muerte de sospechosos de crímenes de guerra

En los últimos años, varios procesos tuvieron que ser abandonados por la muerte de los sospechosos o su incapacidad física para comparecer ante los tribunales.

Pero, aunque Alemania ha condenado en los últimos diez años a cuatro exguardias o empleados de los campos nazis de Sobibor, Auschwitz y Stutthof, ha juzgado a muy pocas mujeres implicadas en la maquinaria nazi, según los historiadores.

La justicia ha analizado los casos de al menos tres otras empleadas de campos nazis, especialmente otra secretaria que trabajaba en Stutthof, pero murió el año pasado antes de que el proceso terminara.

La fiscalía de Neuruppin, cerca de Berlín, examina actualmente el caso de otra mujer empleada en el campo de Ravensbrück, según la oficina central con sede en Ludwigsbourg.

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Unas 4.000 mujeres trabajaron como guardias en los campos de concentración, según los historiadores, pero pocas fueron juzgadas después de la guerra.

Entre las que respondieron por delitos cometidos durante el Tercer Reich, figura la guardia del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau Maria Mandl, apodada  ‘la Bestia Feroz’, que fue colgada en 1948 luego de su condena a muerte por un tribunal de Cracovia.

Entre 1946 y 1948, en Hamburgo, 38 personas, entre ellas, 21 mujeres, comparecieron ante los jueces militares británicos por haber trabajado en el campo de concentración de Ravensbrück, especialmente reservado a mujeres.

La jurisprudencia que dejó la condena en 2011 de John Demjanjuk, un guardia del campo de Sobibor en 1943, a cinco años de cárcel, permite ahora procesar por complicidad en decenas de miles de asesinatos a cualquier auxiliar de campo de concentración, desde un guardia a un contador.