El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult...
Lo último que escucharon fue “suelte el teléfono”. La videollamada que Brayan hacía con su mamá y su novia se colgó. Eran las 9:30 p.m. de un día de junio cuando todo pasó, la familia de Brayan ha rebobinado tanto ese momento que lo recuerda con hora en punto. Esa noche capturaron a Brayan y a su compañero Juan Pablo. Santiago, también del mismo pueblo, fue capturado después. Los tres vivían juntos en una unidad residencial cercana a San Salvador.
Desde esa noche las familias de los tres muchachos no han podido hablar con ellos, no saben —más allá de personas que les cuentan por los laditos— cómo están y cuál es situación jurídica. Lo que sí saben es que fueron capturados bajo el régimen de excepción que rige en El Salvador, con el que se suspendieron garantías constitucionales y se permiten arrestos sin orden judicial, y que sus hijos están ahora en una de las cárceles en las que el presidente Bukele llevó a los presuntos pandilleros.
A Juan Pablo se lo llevaron para las bartolinas de Sonsonate; y a Brayan y a Santiago, al penalito La Isla, en San Salvador. Fueron procesados “por el delito calificado provisionalmente como agrupaciones ilícitas y receptación”. Este último, según el código penal salvadoreño, sanciona al que adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito. Cuentan las familias que en el apartamento donde los capturaron había más de 2.000 dólares, plata que tenían los tres para estar allá un mes.
Berenice, la tía de Brayan, dice que su sobrino aterrizó en El Salvador en mayo y tenía tiquete de regreso a finales de junio. No había empezado a trabajar, dice que estaba paseando y que les contó que era amañador. “Ahorró mucho tiempo para los pasajes, sacó pasaporte y entró legal. Otro vecino que se había ido para Guatemala pasó a El Salvador y fue el que los convidó porque había seguridad, que no había gamines. Nos contó que lo había parado la policía, pero que no le habían puesto problema porque no tenía tatuajes. No llevaba ni un mes, y el mismo gobierno dice que ya no hay pandillas, ¿cómo se iba a meter entonces a una de esas bandas?”.
Después del “suelte el teléfono” empezó la angustia. Berenice y su familia le marcaron con insistencia y nadie volvió a contestar. Se dieron cuenta al día siguiente que los habían capturado, al parecer, por una llamada anónima. Desde ese día de junio no “hemos tenido ni una sola llamada, no sabemos absolutamente nada”. Con la novia de un conocido le mandaban comida al penalito, pero cuando lo trasladaron a la cárcel grande las reglas cambiaron. Solo permiten paquetes alimenticios estandarizados que pueden costar hasta 150 dólares e incluyen ropa blanca, elementos de aseo y alimentos como cereal, azúcar, avena y leche en polvo. El problema es que no saben si les entregan los paquetes a los muchachos y recoger 150 dólares cada tanto es muy difícil.
“Intento no mirar los grupos de Whatsapp para que no se arrugue más el corazón. Era de las que decía que sería bacano un presidente así en Colombia, con mano dura, pero ahora están arrasando también con inocentes y a nadie le importa”, dice Berenice.
La mamá de Brayan se llama Patricia, trabaja en el campo, corta caña, coge café y empaca panela. El papá se llama Eliécer, arrea y lleva caña a las máquinas. “Es un pelao sano, no terminó su bachillerato porque se dedicó a ayudar a sus papás, amarraba caña, cogía café, guadañaba, era jornalero. No tiene antecedentes penales. Cuando se fue le dijo a Patri, “ma, yo quiero ayudarles, no quiero verlos metidos más en esos cañaduzales, quiero que puedan descansar”.
A la espera de una audiencia
En medio de la lucha por desarticular las temidas bandas como la Mara Salvatrucha-13 o Barrio 18, el presidente Bukele decretó un régimen de excepción con el que logró encarcelar a miles de personas que son acusadas de pertenecer a las pandillas. Esa medida, que se fue prorrogando mes a mes hasta completar un año el pasado 27 de marzo, ha causado polémica en la comunidad internacional que ha denunciado violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. “Esta política ha resultado en más de 66.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”, criticó Amnistía Internacional.
Alfredo Mejía se ha convertido en un ángel para las familias colombianas que tienen detenidos en las cárceles de El Salvador. Era un fotógrafo comercial cuando en abril de 2022, unos días después de que se instauró el régimen, la Policía detuvo a su hija. No pasaron muchos días para que él se sumara a las protestas de otros familiares y así fue como llegó al Movimiento de Víctimas del Régimen, más conocido como Movir. “Me incorporé a luchar por mi hija que estaba detenida. Ella olvidó el documento de identidad al momento de una requisa en el Banco Agrícola Comercial, le dijeron que los acompañara a la delegación y la dejaron detenida, lleva 16 meses”, cuenta.
El Movir asesora a familiares, gestiona casos urgentes con enfermos graves o embarazadas, ayuda a repatriar los fallecidos e informa si hay traslados, para donde van y cuando salen los buses. Alfredo cuenta que hay más de 1.000 personas en los grupos de Whatsapp, como en el que está Berenice, y que para entrar a Movir son estrictos, preguntan por antecedentes judiciales, si trabajaban o auxiliaban las pandillas. “Obvio hay delincuentes en las cárceles, nosotros no criminalizamos a nadie, que paguen sus errores, pero no es justo que procesen personas inocentes”.
Sobre el grupo de colombianos dice que están gestionando qué recursos se pueden interponer. “Si las mamitas de Colombia quieren un hábeas corpus tienen que nombrar un apoderado y un poder tiene que ser notariado, estamos averiguando si se puede ir a preguntar por ellos con la documentación para buscar una audiencia especial, no sabemos cuándo pueda ser”.
Nadie al otro lado del teléfono
María Eugenia también recuerda con pelos y señales la noche del 9 de junio. Su hijo Juan Pablo le dijo que iba a hacer la comida, que hablaban cuando se fueran a acostar. “La novia de mi hijo nos dijo que algo había pasado, que estaban hablando y escuchó: ‘silencio’. Le marcamos y ya no volvió a contestar. Los llevaron a las bartolinas —calabozos— durante 20 días. Me comunicaba con un conocido de ellos que nos iba contando”. Juan Pablo vivía en una finca con sus abuelos Isaura y Gustavo. Dice María Eugenia que su hijo cogía café y caña, ayudaba en la finca de la familia y que fue convidado por el amigo que estaba en Guatemala que les dijo que se fueran para El Salvador, que había buenas propuestas del presidente y se ganaba en dólares.
María Eugenia ha ido de oficina en oficina. Fue a la sede de Migración en Medellín, de ahí le dijeron que se fuera para la sede de Migración en el aeropuerto de Rionegro. Le decían que no le podían ayudar. Después se reunió con las madres de los detenidos en Bogotá, fueron a la embajada de El Salvador, al Palacio de Justicia y a la Cancillería, donde les respondieron que iban a ir a la cárcel a preguntarles a sus hijos cómo estaban. “Desde eso no sabemos en qué va el proceso de Juan Pablo, que les iban a buscar una audiencia especial antes de diciembre, nos dijeron que podría ser en septiembre. Que hay que esperar, eso nos dicen”.
En video: Así es la cárcel “más grande de América” en la que Bukele recluirá a 40.000 pandilleros
La Embajada de Colombia en El Salvador informó que hasta el 19 de julio se habían reportado 63 detenciones de connacionales sindicados por pertenecer presuntamente a organizaciones dedicadas a préstamos ilegales de dinero, en algunos casos en concurso con otros delitos. La Cancillería dijo que ha realizado visitas a los centros de detención, prestado orientación a los detenidos y a sus familiares y ha elevado consultas a los juzgados con el fin de conocer su situación jurídica. Le preguntamos a la Cancillería por los casos de esta historia, nos dijeron que se comunicaron con las familias y que les brindaron asistencia consular a los privados de la libertad. Las familias de estos dicen, por el contrario, que no han recibido mayor respuesta a los requerimientos y que esperan mayor acompañamiento.
La familia de Juan Pablo dice que su hijo no se ha podido defender y que ellos no pudieron enviarle a la abogada los documentos de que no tenía antecedentes judiciales en Colombia, ni videos de la gente del pueblo hablando de él, ni demostrar que entró legal, que tenía pasaporte y tiquete de regreso.
“¿Cómo van a decir que es enriquecimiento ilícito tener más de 2.000 dólares entre tres personas?”, cuestiona Camila, prima de Juan Pablo. “Nadie nos ayuda. Mi abuelita, que vivía con él, se mantiene llorando, está muy enfermita. Nos dijeron que hiciéramos videos contando cómo era él y mi abuela dijo que sí, pero cuando empezamos a grabar se puso fue a llorar”.
Fue tanto el desespero para hablar con su hijo que alguien les ofreció que le consignaran 200 dólares para que se lo pasaran al teléfono en la cárcel. Recogieron la plata, pagaron y nadie pasó al teléfono. Todavía están esperando que al otro lado de la línea vuelvan a escuchar a Juan Pablo.
* Todos los nombres de este artículo fueron cambiados por petición de los familiares que temen alguna represalia con sus hijos. También se omitieron los municipios de donde son oriundos.
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