Estados Unidos debate un polémico proyecto de ley que busca otorgar al presidente autorización para utilizar fuerzas militares contra carteles de la droga en América Latina, incluso sin la aprobación de los países involucrados.
La iniciativa, impulsada por el congresista republicano Cory Mills, plantea un marco legal para realizar operaciones militares en aguas internacionales e incluso en territorios extranjeros, siempre que se trate de organizaciones consideradas “narco-terroristas”.
Esto incluiría no solo carteles mexicanos, sino también grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y organizaciones colombianas como las Farc-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia.
El proyecto también introduce una definición más amplia de “actividad narco-terrorista”, vinculándola con cualquier relación entre narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional.
Paralelamente, el Departamento de Estado prepara documentos para dar justificación legal a estas acciones, que en la práctica desafían normas del Derecho Internacional, las cuales exigen consentimiento del país afectado o aval del Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque sus promotores defienden que daría rapidez y flexibilidad para neutralizar amenazas, críticos advierten sobre riesgos diplomáticos, civiles muertos y una erosión de los controles democráticos.
La propuesta divide al Congreso estadounidense y su aprobación marcaría un hito en la política de seguridad regional.
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