El presidente Donald Trump, al asumir nuevamente el cargo en la Casa Blanca, implementó una serie de medidas controversiales que afectan directamente a la comunidad transgénero en Estados Unidos.
Entre esas, destaca la decisión de reubicar a mujeres transgénero en prisiones para hombres y la restricción de tratamientos médicos de transición de género, provocando un intenso debate público y preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos.
Cabe recordar que durante el acto de posesión, Trump declaró que su administración solo reconocerá el sexo biológico asignado al nacer. La medida fue formalizada a través de la orden ejecutiva ‘Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica al gobierno federal’, que alega proteger la “realidad biológica” y la seguridad de las mujeres, pero que ha sido interpretada por muchos como un ataque directo a los derechos de las personas transgénero.
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La situación en las prisiones es particularmente alarmante. Según datos del Williams Institute de la Universidad de California, hay alrededor de 1.500 mujeres transgénero en las cárceles federales de Estados Unidos.
Dichas personas, que ya enfrentan condiciones difíciles, ahora podrían verse obligadas a integrarse en prisiones masculinas, lo que aumenta drásticamente el riesgo de violencia y abuso.
Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, criticó fuertemente la orden ejecutiva, señalando que “pone en gran riesgo la seguridad de las prisioneras y es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, quienes pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en las necesidades específicas de seguridad de cada individuo“.
Las preocupaciones son compartidas por otras organizaciones y expertos legales, quienes anticipan que la medida enfrentará desafíos legales, dado que los sistemas penitenciarios están obligados a proteger a los presos en situaciones de vulnerabilidad.
Orden de Trump prohíbe uso de fondos federales para procesos ligados al género
Otro aspecto de la orden ejecutiva es la prohibición del uso de fondos federales para cualquier tratamiento médico relacionado con la reasignación de sexo, incluyendo hormonas o cirugías.
La decisión podría tener consecuencias devastadoras en la vida y bienestar de las personas transgénero, especialmente aquellas que no pueden interrumpir sus tratamientos hormonales de manera abrupta sin poner en riesgo su salud.
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