Por estos días, el término expropiación ha adquirido fuerza en Colombia por las disputas que se viven en medio de la contienda electoral que enfrenta el país. Incluso, uno de los candidatos firmó en una notaría que no confiscará durante su eventual mandato.
La difusión de esta palabra se debe a la política que vivió Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez entre 1999 y 2013. Durante los años que gobernó el líder político fallecido, las expropiaciones ordenadas por el Ejecutivo se convirtieron en una costumbre.
La consecuencia de estas adquisiciones forzadas derivó en el declive de la empresa privada, el descenso de la producción nacional y una caída en la inversión extranjera y nuevos comercios.
Con respecto a los datos de las empresas expropiadas, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reveló un estudio cuyas cifras demostraron la intervención del gobierno de Chávez. Según esta investigación, durante 10 años comprendidos entre 2002 y 2012, se confiscaron 1.168 empresas.
Los sectores más afectados con esta política de gobierno fueron los de la construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos.
Entre los años 2005 y 2010, el chavismo tomó 285 propiedades para las viviendas. Además, en el año 2011 expropió 179 edificaciones, inmuebles, desarrollos habitacionales y estacionamientos.
La política de Hugo Chávez no solo afectó a las empresas internacionales o multinacionales. El interés del mandatario por captar el poder empresarial y productivo en Venezuela también llegó a las compañías nacionales de diferentes sectores, que representaban según él, una amenaza para sus planes de gobierno.
A lo largo de esos años, el mandatario se dedicó a expropiar empresas estratégicas y de servicios con la compra de la compañía eléctrica Seneca y del 82,14 % de Electricidad de Caracas. Posteriormente tuvo intervenciones en sectores de petróleo, aerolíneas, transporte, cemento, entre otros.
Sin embargo, la reprivatización de activos estatales avanza lentamente y con una enorme opacidad, tal y como destacan los economistas como el presidente de Fedecámaras (patronal), Adán Celis, quien asegura que Venezuela tiene pagos pendientes por demandas cercanos a un valor de 8.000 millones de dólares, que deberá saldar el gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad.
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