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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 15, 2026 - 11:35 am
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Estados Unidos amplía su campaña contra la inmigración bajo la Administración de Donald Trump. Mientras persigue a los migrantes en situación irregular, Washington también pone bajo la lupa a aquellas personas que buscan radicarse de manera legal en el país.

El miércoles 14 de enero, el Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para los solicitantes de 75 países, entre los que se encuentran Irán, Rusia, países latinoamericanos como Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay; balcánicos como Bosnia, Montenegro y Albania; naciones del sur de Asia como Pakistán, Tailandia o Bangladesh; y numerosos estados de África, Medio Oriente y el Caribe. De estas últimas regiones sobresalen Somalia, Eritrea y Haití, países especialmente apuntados por la Administración Trump.

La medida, que entrará en vigor el 21 de enero, afecta solo a aquellos que buscan el permiso para residir permanentemente en Estados Unidos y no aplica a los solicitantes de visas de no inmigrante o de estancias temporales, como turismo, estudios o negocios, que constituyen la gran mayoría de los aplicantes de visas estadounidenses y cuya demanda se espera que crezca drásticamente con la celebración del Mundial de fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que “la administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración estadounidense” y que la suspensión del procesamiento de visas se sostendrá mientras la cartera “reevalúa los procedimientos de inmigración para evitar la entrada de extranjeros que se beneficien de la asistencia social y las prestaciones públicas”.

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“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal de la oficina liderada por el ultraconservador Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos.

Nuevas guías endurecen controles consulares para otorgar visados

La decisión presentada el miércoles se basa en una guía emitida en noviembre que insta a funcionarios consulares a investigar de forma exhaustiva a los solicitantes de visas para asegurarse que son financieramente autosuficientes y que no necesitarán depender de subsidios gubernamentales tras ser admitidos en Estados Unidos, de acuerdo a una circular a la que tuvieron acceso agencias como AP y Reuters.

Si bien a los inmigrantes que buscaban entrar a Estados Unidos ya se les exigía demostrar que no serían una carga pública y eran sometidos a exámenes médicos, la nueva directiva exige que los oficiales de embajadas y consulados consideren detalles específicos sobre los solicitantes, entre ellos su edad, su situación familiar, su educación, su dominio del inglés y el uso previo de asistencia pública, independientemente del país.

El cable, añade Reuters, autoriza a los funcionarios consulares estadounidenses a rechazar a cualquier solicitante cuyas visas hayan sido “autorizadas para imprimir” pero no se hayan impreso, o que, tras haber sido impresas, no hayan salido de la sección consular.

Otro aviso aparte, enviado el lunes a todas las misiones diplomáticas estadounidenses y al que AP tuvo acceso, también añade nuevas evaluaciones a los aspirantes a visas de no inmigrante para determinar si podrían solicitar beneficios públicos en Estados Unidos.

Según el reporte, los funcionarios consulares deben garantizar que los extranjeros que deseen viajar a Estados Unidos “hayan sido completamente investigados y evaluados” y que los propios solicitantes deben demostrar que no solicitarán beneficios públicos mientras se encuentren en el país, con la posibilidad de exigirles un formulario de buena fe financiera.

Así, las medidas contra la inmigración siguen apilándose bajo la Administración Trump, que ya ha prohibido los viajes de forma total o parcial desde 39 países, ha suspendido el procesamiento de solicitudes de asilo, ha definido su menor cuota histórica de refugiados para 2026 con apenas 7.500 y ha paralizado las aplicaciones de ciudadanía y ‘green cards’ (tarjetas de residencia) de las 19 naciones sujetas a la prohibición total de ingreso al país.

El Departamento de Estado se vanagloria de haber revocado más de 100.000 visas desde que Trump asumió su segundo mandato hace un año, mientras que el Departamento de Seguridad Interior reportó en diciembre que más de 605.000 personas han sido deportadas y otras dos millones abandonaron el país por sus propios medios.

Críticos cuestionan las limitaciones a la inmigración legal

Las crecientes dificultades a la inmigración legal en Estados Unidos –por ejemplo, con la imposición de una nueva y cara tasa a los trabajadores altamente calificados que aplican a visados H-1B– han despertado críticas de algunos expertos.

En un texto publicado en su página web, el libertario Instituto Cato alertó que las medidas anunciadas el miércoles por el Departamento de Estado elevan a 93 las nacionalidades con prohibiciones o restricciones de visados de inmigrantes a Estados Unidos. De esos países provino casi la mitad de los inmigrantes legales en 2024 y la medida paralizaría los procesos de visas para alrededor de 100.000 parejas o hijos de ciudadanos, subraya el organismo.

La publicación también considera que el argumento esgrimido por el Departamento de Estado sobre evitar el uso excesivo de la asistencia social “no es una buena justificación para una restricción amplia a la inmigración legal”. 

“Los beneficiarios de visas de inmigrante tienen prohibido recibir cualquier prestación pública federal sujeta a la comprobación de recursos durante cinco años y no pueden acceder a prestaciones sociales sin el historial laboral necesario. El presidente podría colaborar con el Congreso para que estas prohibiciones sean permanentes. En cualquier caso, los inmigrantes reducen el déficit al pagar más impuestos de los que utilizan en prestaciones. También reducirá el crecimiento económico, aumentando la relación deuda/PIB de Estados Unidos”, remarca el Instituto.

Julia Gelatt, directora asociada del programa de inmigración estadounidense en el Instituto de Política Migratoria, indicó asimismo en un análisis publicado el miércoles que “el resultado probable” de las restricciones “será que muchas familias inmigrantes tendrán miedo de acceder a cualquier beneficio público para el cual un miembro del hogar sea elegible, renunciando a apoyos en tiempos de necesidad para preservar futuras perspectivas de inmigración”.

La decisión estadounidense también ha puesto en alerta a los gobiernos de varias naciones afectadas. El canciller de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, cuestionó “la lógica” del anuncio, subrayando que “muchos tailandeses en EE. UU. trabajan de forma legal y honesta” y que no se incluyen otros países “que podrían enfrentar mayores problemas”.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, confió en que la medida responda a un “proceso interno en curso de revisión del sistema y de las políticas migratorias de Estados Unidos” y deseó que “el procesamiento habitual de los visados de inmigrante se reanude pronto”.

Con Reuters, AP y medios

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