Defensores de los inmigrantes acudieron el miércoles a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans para tratar de salvar una disposición de la presidencia de Barack Obama que ha impedido la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
Un juez federal en Texas sentenció el año pasado que era ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella durante las apelaciones.
Decenas de defensores del DACA llevaron carteles, tocaron tambores y corearon lemas en apoyo de los beneficiarios del programa antes de que se presentaran los alegatos el miércoles en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos.
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El Departamento de Justicia defiende el programa junto con el estado de Nueva Jersey, organizaciones como el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y una coalición de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras—, según las cuales los beneficiarios de DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Texas, el demandante principal, así como con otros ocho estados de tendencia republicana, alega que se aprobó el DACA sin pasar por los debidos canales legales y administrativos y que los estados se han visto perjudicados económicamente por la permanencia ilegal de inmigrantes en el país.
“DACA impone clásicos perjuicios al bolsillo de los estados a través del costo de los servicios sociales, la salud pública y la educación”, sostuvieron los abogados de Texas en un acta, según la cual el estado gasta decenas de millones de dólares en servicios médicos para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
Los defensores del DACA sostienen que el estado no ha demostrado que el fin del programa no traería una reducción de esos costos. Dicen que Texas debilitó su argumento de perjuicio financiero al esperar seis años antes de cuestionar el programa. Además, sostienen que los beneficiarios de DACA reducen los costos de Texas porque muchos de ellos tienen empleos con beneficios de salud y muchos son propietarios de viviendas cuyos impuestos sobre la propiedad sostienen las escuelas.
“Texas y los otros estados no pueden señalar perjuicio que sea rastreable al DACA”, aseguró la abogada de MALDEF, Nina Perales. “Sin perjuicio, no hay jurisdicción para que los tribunales federales conozcan este caso”, agregó, durante una conferencia de prensa la semana pasada.
Los defensores de los inmigrantes argumentaron en un informe que el daño a los beneficiarios del DACA sería grave, al exponerlos a ser expulsados del único país que muchos de ellos han conocido y perturbando la vida de las familias establecidas.
“En conjunto, son padres de más de un cuarto de millón de ciudadanos estadounidenses, y el 70 % de los beneficiarios del DACA tienen un familiar inmediato que es ciudadano estadounidense”, declararon los defensores en un informe.
DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que el entonces presidente Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor, Donald Trump, trató de eliminar el programa, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho debidamente y lo reanudó. A eso siguió la demanda de Texas.
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