Los sacerdotes Nicola Corradi (italiano, de 83 años) y Horacio Corbacho (argentino, de 59), y el jardinero Armando Gómez (49) enfrentan cargos de abuso sexual, corrupción de menores y malos tratos por lo que pueden ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión.
Corbacho y Gómez fueron llevados esposados hasta el interior de la sala, mientras que Corradi, en silla de ruedas, fue escoltado por agentes de la policía. Los tres se encuentran en detención preventiva.
A las puertas del tribunal, un grupo de jóvenes del instituto se manifestaron con pancartas con la leyenda “Apoyo a sobrevivientes del Próvolo” y “¡No olvidamos!”, acompañados por familiares y otras personas que mostraron su solidaridad.
Las víctimas consideraron como “histórico” el proceso, en un comunicado que fue leído públicamente al comenzar la jornada. “Esperamos una condena ejemplar”, afirmaron.
El juicio se desarrolla a puertas cerradas y debe abordar 43 hechos con testimonios de 13 víctimas en un proceso que puede durar dos meses.
El Instituto Próvolo, ubicado en Mendoza, 1.000 km al oeste de Buenos Aires, fue cerrado en 2016 después de que estallaron las primeras denuncias en la justicia por abusos cometidos desde 2004.
En 2016 dos testigos protegidos corrieron el velo del horror por el que pasaron decenas de niños cuyo desconocimiento de la lengua de señas facilitaba la impunidad de sus abusadores.
Desde entonces más víctimas, hoy adolescentes, se presentaron para testificar y señalaron al cura Corradi como uno de los abusadores.
Corradi llegó a Argentina, país del papa Francisco, en 1970 proveniente del Próvolo de Verona (Italia) y se hizo cargo de la institución, primero en La Plata y luego, en 1998, en Mendoza, donde lo detuvieron preventivamente el 26 de noviembre de 2016.
Otras denuncias por abuso en el Próvolo de La Plata (60 km al sur de Buenos Aires) están bajo investigación para un futuro juicio.
Por esta escuela gratuita para niños sordos e hipoacúsicos pasaron cientos de alumnos, muchos de ellos provenientes de familias humildes y que regresaban a sus casas solo durante los fines de semana.
En esta primera jornada los acusados se negaron a declarar y su defensa solicitó que las víctimas testifiquen directamente ante el tribunal, lo que fue rechazado por la querella.
“Caso emblemático”
“Empezamos el 26 de noviembre de 2016, con la denuncia de una primera víctima”, relató a las puertas del tribunal el abogado de la querella Sergio Salinas.
El del Próvolo “es un caso emblemático en el que la comunidad sorda poco a poco pudo desenmascarar” a los abusadores, dijo Salinas.
Las declaraciones a través de lengua de señas “implicaron una dificultad probatoria muy grande”, agregó.
En un juicio abreviado el año pasado, fue condenado a 10 años de cárcel el exmonaguillo Jorge Bordón (50), quien se declaró culpable de abusos sexuales a cinco víctimas.
Otro de los acusados fue considerado inimputable por ser discapacitado y haber sufrido abusos sexuales él mismo desde niño.
Hay otros 14 imputados repartidos en dos causas que aún no han comenzado.
Para Salinas este juicio representa un camino que recién comienza porque “hay muchas víctimas que lo son, pero no sabemos la autoría”. La querella ha reclamado a la Iglesia católica fotografías de los religiosos asignados en el Próvolo, pero el material aún no ha sido entregado.
“La Iglesia católica no nos ayuda y ha sido denunciada penalmente por no dar pruebas”, remarcó el abogado.
Después de este juicio, la querella impulsará procesos contra lo que considera “la línea de los omitientes”, entre ellos la monja Kumiko Kosaka, quien cumple detención domiciliaria.
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