Jamal Khashoggi, colaborador del Washington Post, fue asesinado en octubre de 2018, cuando tenía 59 años, durante una operación que sumió a Arabia Saudita en una de sus peores crisis diplomáticas. El caso también empañó la imagen del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, sospechoso de haber ordenado el asesinato.

El periodista, crítico con el régimen saudita, fue estrangulado y descuartizado por un equipo de 15 hombres llegados desde Riad en el consulado del reino en Estambul, Turquía. Así lo determinaron investigadores turcos, pero los restos nunca fueron hallados.

El general Ahmed Assiri, número dos de los servicios de inteligencia, era sospechoso y acusado de haber supervisado el asesinato del periodista. También se creía que había sido aconsejado por Saud al Qahtani, consejero del príncipe Mohammed bin Salmán, quien también fue investigado, pero no acusado. Ambos terminaron indemnes por falta de pruebas.

Estados Unidos acogió favorablemente el vedredicto, estimando que se trata de “un paso importante para hacer pagar a todos los que son responsables por este crimen terrible”, dijo un funcionario del Departamento de Estado a periodistas tras conocerse el fallo.

Sin embargo, fueron pocos los que coincidieron con esto. “El veredicto sirve para blanquear y no aporta ni justicia ni verdad para Jamal Khashoggi y sus familiares”, denunció en un comunicado Lynn Maalouf, directora de investigaciones sobre Oriente Medio en Amnistía Internacional. “El veredicto no logra dirimir sobre la implicación de las autoridades sauditas en el crimen”, agregó, recordando que el juicio se celebró a puertas cerradas.

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Por su parte, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, consideró en Twitter este lunes que el asesinato de Khashoggi fue una “ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudita es responsable”.

En el Reino Unido, la cancillería reclamó que el gobierno saudita se “asegure de que todos los responsables [de este crimen] rindan cuentas”, mientras que Turquía, donde tuvieron lugar los hechos, consideró que el fallo está “lejos de responder a las expectativas de nuestro país y de la comunidad internacional”.

Tras haber dado varias versiones del asesinato, las autoridades de Riad acabaron admitiendo que fue cometido por agentes sauditas que actuaron por su cuenta, sin haber recibido órdenes de altos dirigentes.

Para el secretario general de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, las cinco condenas a muerte podrían ser el medio para que “los testigos del asesinato callen para siempre”.

En cambio, el hijo de Khashoggi se felicitó por la sentencia al asegurar en Twitter que “se había hecho justicia a los hijos” del periodista asesinado. El Washington Post había asegurado que los descendientes de Khashoggi recibieron indemnizaciones económicas de la parte del régimen saudí, una información negada por la familia.

Fuentes próximas al caso indicaron que muchos de los acusados se defendieron afirmando que estaban siguiendo órdenes de Assiri, al que describieron como “jefe de filas” de la operación. De las once personas inculpadas en el caso, cinco fueron condenadas a muerte; tres, a penas de cárcel de 24 años y los otros, absueltos. Los condenados podrán recurrir el fallo, según el comunicado.

El tribunal de Riad encargado del caso celebró nueve audiencias en presencia de representantes de la comunidad internacional y de familiares de Jamal Khashoggi, indicó en un comunicado. “Concluimos que el crimen de Khashoggi no fue premeditado”, precisaba el texto.

Tanto la CIA como Callamard habían señalado al príncipe heredero, que siempre lo desmintió. Sin embargo, el presidente Trump rechazó seguir las conclusiones de la CIA y sostuvo que no había pruebas sólidas que incriminaran al príncipe heredero.

Naciones Unidas y grupos de defensa de los Derechos Humanos reclamaron una investigación independiente para el crimen. “Una gran parte de la comunidad internacional está convencida de que altos responsables sauditas están detrás del asesinato y este veredicto no tranquiliza en cuanto a la obligación de rendir cuentas”, apuntó a la AFP H.A. Hellyer, del Royal United Services Institute (el Real Instituto de Servicios Unidos de Londres).

Por su parte, Quentin de Pimodan, especialista en Arabia Saudita en el Research Institute for European and American Studies, con sede en Grecia, los sauditas quieren dar la impresión de que “se hizo justicia” antes de la cumbre del G20 que organizan el año que viene. Esto, sin embargo, podría no ser convincente, “sobre todo después de una investigación y un proceso no transparentes, llevados a cabo por un poder judicial que dista de ser independiente”, concluyó.