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En la oscura y abrumadora quietud de la prisión de El Rodeo I, ubicada a tan solo 45 minutos de Caracas, se encuentra la mayoría de los 18 colombianos acusados, sin pruebas, de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde su detención, luego de las elecciones del 28 de julio, estas personas han vivido una pesadilla dentro de uno de los complejos penitenciarios más inquietantes de Venezuela.
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El Rodeo I forma parte de un trío de cárceles con el mismo nombre, en las que se registran condiciones de vida extremas. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), estas instalaciones han sido descritas como un centro de “tortura” para algunos de los reclusos.
A pesar de las reiteradas solicitudes de la delegación diplomática colombiana en Caracas, los reclusos han permanecido prácticamente aislados del mundo exterior. De hecho, solo han podido comunicarse una vez con sus familiares, durante una breve visita en mayo. La falta de atención consular es alarmante. En una de las visitas más recientes, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, intentó acceder al penal, pero fue bloqueado por las autoridades, a pesar de haber esperado durante horas frente al centro de detención.
En conversación con El Colombiano, aliados de Pulzo, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir aseguró que ha habido plena disposición de la Cancillería del país vecino; sin embargo, incluso ellos enfrentan dificultades para acceder a la información. La mayor barrera, explicó, se encuentra al llegar a la justicia venezolana y las autoridades.
“¿Que cuánto tiempo tardará traerlos de vuelta a Colombia? No lo sé. Es la pregunta que más me hacen las familias y, para serte sincero, no puedo responder. Sería irresponsable dar un número de días. Lo que sí puedo decir es que trabajamos sin descanso: acá no hay fines de semana ni festivos”, aseguró Jaramillo.
El informe anual del OVP presentado el lunes pone de manifiesto el abandono y la brutalidad dentro de El Rodeo I. Las celdas, de apenas 2×2 metros, albergan a varios prisioneros, quienes deben dormir sobre una cama de cemento y una delgada colchoneta de goma espuma. El espacio carece de ventilación, y los prisioneros no tienen más que una letrina para hacer sus necesidades.
A este infierno físico se le suma una alimentación deficiente: las arepas, suministradas por el Estado, son la única fuente de sustento, aunque carecen de relleno y son insuficientes para los reclusos.
Además, los prisioneros, en su mayoría detenidos sin juicio, son sometidos a aislamiento prolongado, sin contacto humano ni libertad para realizar actividad física. La exposición a altas temperaturas y la falta de condiciones sanitarias adecuadas incrementan el riesgo de enfermedades bacterianas, gastrointestinales y de la piel.
Humberto Prado, coordinador del OVP, destacó que la situación es especialmente preocupante para los presos políticos, quienes sufren en condiciones extremas, con algunos de ellos presentando síntomas graves de desnutrición, diarrea constante y hongos en los pies.
Un aspecto que llama la atención es el trato deshumanizado recibido por los prisioneros, quienes, en muchos casos, no tienen acceso directo a los medicamentos que sus familiares logran entregar a los custodios. Estos, según el OVP, almacenan las medicinas y las administran a su discreción, sin ningún control ni transparencia. La salud mental de los prisioneros se deteriora rápidamente debido al aislamiento, la constante tensión y la falta de atención médica adecuada.
Los informes también detallan que el personal de la cárcel no está debidamente identificado; portan uniformes negros y capuchas, y sus nombres han sido reemplazados por seudónimos, lo que contribuye a la opacidad y la impunidad dentro del sistema penitenciario. Las visitas familiares, que son pocas y escasas, se realizan en condiciones intimidatorias, sin privacidad, y no superan los 20 minutos de duración.
Uno de los datos más alarmantes del informe del OVP es el nivel de hacinamiento en las cárceles venezolanas. Con una capacidad instalada para 26.000 presos, las prisiones del país albergan actualmente a 22.000 personas, lo que representa un hacinamiento del 145 %. En las cárceles Rodeo I, II y III, se calcula que hay alrededor de 3.000 reclusos, una cifra que supera con creces la capacidad de los establecimientos.
Este fenómeno de sobrepoblación no solo empeora las condiciones de vida dentro de las prisiones, sino que también genera situaciones de trato cruel e inhumano. Los reclusos deben convivir en espacios diseñados para seis personas, pero que albergan hasta 20, obligándolos a turnarse para dormir de pie o utilizando sábanas colgadas como hamacas improvisadas. La falta de baños y duchas es una constante, y los detenidos son forzados a defecar en bolsas plásticas.
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El OVP también hizo énfasis en las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado venezolano. En los últimos años, se han registrado al menos 22 muertes, la mayoría de las cuales fueron consecuencia de la negligencia médica y de las condiciones insalubres dentro de las cárceles. Desde 2017, más de 500 reclusos han perdido la vida por falta de atención médica adecuada, un dato que refleja la profunda crisis humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario venezolano.
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