“Las disidencias del grupo guerrillero de las Farc nos amenazaron con llevarse a mi hija y asesinarnos si no les colaborábamos”, dijo Édgar, quien se guardó su apellido por motivos de seguridad.
La familia llegó en junio pasado en busca de asilo sin saber que la mayoría de solicitudes de los colombianos (64 %) son negadas, según un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (Trac), de la Universidad de Syracuse entre 2001-2021.
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El caso de esta familia además encaja en el nuevo plan del Gobierno del presidente Joe Biden para acelerar los casos de asilo en las cortes de inmigración, dando a los jueces 300 días de plazo después de la audiencia inicial para tomar una decisión.
“Pensamos que íbamos a tener tiempo de organizarnos y presentar el caso, pero todo ha sido muy rápido, y no se ve bien”, refirió una familiar de Édgar.
Su mayor afán ha sido conseguir un abogado que los represente. Los colombianos tocaron las puertas de varias organizaciones comunitarias en Los Ángeles y de abogados privados, pero en casi todos los lugares les han dicho que están saturados de casos o sencillamente que los jueces no están aprobando asilos.
La familia tiene una serie de documentos que supuestamente prueban el peligro que corren en Lejanías (Meta), zona rural donde la guerrilla de las Farc por décadas tuvo el control y los disidentes se quedaron tras la firma de el Acuerdo de Paz de Colombia en 2016.
Citan los recientes asesinatos de dos policías en el pueblo y el ataque con bomba a un batallón militar. También tienen la copia de las nuevas reglas del grupo Farc-Ep en la región, y la denuncia a la Fiscalía de la amenaza que sufrieron.
La socióloga Leydy Diossa-Jiménez, de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), explicó a Efe que las aprobaciones de solicitud de asilo en general son muy bajas, y la situación para los colombianos es “mucho más complicada” en los últimos 22 años.
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