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Un lustro después de la explosión del puerto de Beirut, que el 4 de agosto de 2020 causó 235 muertos, 6500 heridos y destruyó parte de la capital libanesa, las heridas siguen abiertas.
Por Paul Khalifeh, corresponsal de RFI en Beirut
El 4 de agosto de 2020, a las 18:09 hora local, una potente explosión acompañada de una onda expansiva devastadora sacudió Beirut. Cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de precaución en el hangar número 12 del puerto explotaron, causando miles de muertos y heridos y destruyendo barrios enteros de la capital.
Esta explosión, calificada por los expertos como una de las peores deflagraciones no nucleares de la historia de la humanidad, traumatizó profundamente a los libaneses, que sin embargo han vivido todas las guerras y soportado tanto sufrimiento en las últimas cinco décadas.




Cinco años después de la tragedia, grandes interrogantes siguen sin respuesta, aún no se ha hecho justicia, los traumas persisten y la reconstrucción sigue sin completarse. A pesar de la enérgica movilización de las familias de las víctimas y los urgentes llamamientos de la comunidad internacional, la investigación aún no ha concluido. Aunque la hipótesis del accidente —que las obras de soldadura realizadas en la puerta del hangar habrían desencadenado la reacción en cadena que provocó la explosión— parece ser la más probable, no se han hecho públicas las causas exactas ni se ha determinado quiénes son los culpables y cuál es su grado de responsabilidad.
Una investigación frenada por las injerencias políticas
Desde el principio, la investigación se perdió en los meandros de la política libanesa. El primer juez de instrucción encargado de esclarecer el drama, Fadi Sawan, fue destituido en febrero de 2021. Esto ocurrió tras un recurso por “sospecha legítima” presentado por dos exministros, Ali Hassan Khalil y Ghazi Zeaïter, acusados en este caso. Ambos responsables son allegados al presidente del Parlamento, Nabih Berri, la figura chiita más importante del Estado.
Probablemente, Fadi Sawan fue apartado por haber dicho que “no retrocedería ante ninguna inmunidad ni ante ninguna línea roja”. En el Líbano, la ley estipula que los altos cargos políticos, incluidos los ministros y los diputados, deben ser juzgados ante una comisión especial establecida por el Parlamento y no ante un tribunal ordinario. Las injerencias políticas en el proceso judicial no disuadieron al sucesor de Fadi Sawan, el juez Tarek Bitar, de seguir adelante. El magistrado confirmó los cargos contra los dos exministros (y actuales diputados) y dictó decenas de órdenes de detención contra personalidades políticas, antiguos jefes de los servicios de seguridad, agentes de aduanas y funcionarios y empleados del puerto de Beirut.
Su actuación es considerada “sospechosa”, “parcial” y “politizada” por los dos principales partidos chiitas, Hezbolá y el Movimiento Amal de Nabih Berri, que se consideran específicamente atacados por Tarek Bitar. El caso provocó durante meses agitación política y la tensión derivó en enfrentamientos armados durante una manifestación hostil al magistrado, el 14 de octubre de 2021. Los enfrentamientos, que causaron siete muertos y numerosos heridos en la antigua línea de demarcación de la época de la guerra civil (1975-1990), hicieron temer lo peor.
Tras estos graves incidentes, los acusados adoptaron una estrategia de obstrucción para frenar el proceso judicial. Unas cuarenta apelaciones presentadas por los dos exministros y otras personas implicadas en la investigación paralizaron la acción del juez. Estalló una disputa entre Tarek Bitar y el entonces fiscal general, Ghassan Oueidate, que acabó paralizando las investigaciones durante más de un año.
¿La acusación formal antes de fin de año?
Tras la elección de Joseph Aoun como presidente, el pasado mes de enero, y el nombramiento de Nawaf Salam como primer ministro, ambos menos propensos a llegar a acuerdos con el movimiento islamista Hezbolá y sus aliados, Tarek Bitar intenta reactivar la investigación. El nuevo fiscal, Jamal Hajjar, suspendió varias directivas de su predecesor para obstaculizar la acción del juez, en particular la prohibición a la policía judicial de cooperar con él.
Desde enero de 2025, Tarek Bitar ha reanudado sus audiencias y ha dictado varias órdenes de detención nuevas. Fuentes concordantes aseguran que la acusación por la explosión del puerto podría hacerse pública a finales de año, para que luego comience la fase de juicios ante el Tribunal de Justicia, una jurisdicción excepcional sin apelación. El bloqueo de la investigación ha causado daños morales y psicológicos, pero también materiales, a las víctimas de la explosión del puerto.
El hecho de que la justicia no haya precisado las causas de la explosión ha retrasado el pago de las indemnizaciones del seguro a miles de víctimas. Y es que las condiciones cambian drásticamente, ya se trate de un acto terrorista o de un accidente.
El retraso en el pago de las primas de seguro es, por lo tanto, una de las razones que han ralentizado y postergación el proceso de reconstrucción de los barrios devastados de Gemmayzé y Mar Mikhaël, en Beirut. Pero no es la única. La quiebra del Estado, su incapacidad para establecer las directrices de un plan de reconstrucción y la desconfianza de los donantes internacionales hacia las autoridades públicas, acusadas de corrupción e incompetencia, han impedido la puesta en marcha de un proyecto de reconstrucción y rehabilitación preparado y financiado por el Estado.
Sin embargo, muchos residentes y comerciantes de estos dos barrios devastados se negaron a rendirse a la espera de subvenciones públicas.
Gemmayzé y Mar Mikhaël renacen de sus cenizas
Por iniciativa propia, o con la ayuda de generosos donantes u ONG, los habitantes y comerciantes han reconstruido pacientemente sus propiedades. Con sus restaurantes, pubs y discotecas, Mar Mikhaël y Gemmayzé han vuelto a convertirse en lugares emblemáticos de la vida nocturna de Beirut, donde jóvenes y menos jóvenes se divierten hasta el amanecer.
En estas calles resucitadas, los edificios públicos, en particular la sede de la compañía nacional de electricidad (EDL) y la lúgubre estructura de los silos de Beirut, siguen ofreciendo un aspecto de desastre post-sísmico: fachadas destrozadas, cristales rotos, paredes agrietadas.
Una imagen que recuerda a los libaneses que, si quieren seguir viviendo, solo pueden contar con ellos mismos, y no con un Estado fallido y unos dirigentes incapaces.
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