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La Cámara de Representantes de EE. UU. aborda este lunes un acuerdo que levantaría el cierre parcial del Gobierno, que comenzó el fin de semana, y se espera que la votación final tenga lugar el martes 3 de febrero.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se mostró confiado en que la situación podrá resolverse en cuestión de días, con la aprobación de una extensión presupuestaria prevista. Sin embargo, el cierre ya comenzó a afectar el funcionamiento de varias agencias federales y dejó a miles de trabajadores en la incertidumbre ante la posibilidad de suspensiones temporales o falta de pago si el bloqueo se prolonga.
El cierre parcial del Gobierno se activó luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo un acuerdo para mantener la financiación de una amplia gama de operaciones federales. El Senado había dado luz verde el pasado viernes 30 de enero a un paquete de gastos tras un entendimiento entre la Casa Blanca y los demócratas, pero la Cámara de Representantes se encontraba fuera de Washington, lo que impidió su aprobación inmediata.
Mike Johnson reconoció que uno de los principales obstáculos es de carácter logístico, ya que una fuerte tormenta de nieve afectó los viajes en el sureste del país y dificultó el regreso de los legisladores a la capital. Aun así, el líder republicano expresó su convicción de que los votos republicanos serán suficientes para avanzar con la medida, incluso sin el respaldo de los demócratas en la Cámara Baja.
“Confío en que lo lograremos al menos para el martes”, afirmó Johnson en entrevistas concedidas a ‘NBC’ y ‘Fox News’, en las que reiteró que el objetivo es financiar la mayoría de las agencias federales y continuar, en paralelo, con las negociaciones sobre el Departamento de Seguridad Nacional.
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El Departamento de Seguridad Nacional, eje del conflicto
El principal punto de fricción en las negociaciones es la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, en particular, las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El acuerdo aprobado por el Senado separa al DHS del resto del paquete presupuestario, permitiendo que agencias como el Pentágono y el Departamento de Trabajo continúen operando con normalidad mientras se debate el futuro de la política migratoria.
Según el plan en discusión, el DHS recibiría fondos de manera provisional durante dos semanas, hasta el 13 de febrero, plazo durante el cual el Congreso intentará alcanzar un consenso sobre posibles restricciones y reformas a las operaciones del ICE.
Esta decisión se produjo tras una fuerte reacción pública luego de que Reneé Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, murieron por disparos de agentes federales de inmigración, en medio de la represión de los oficiales enviados por Donald Trump a Minneapolis, en el estado de Minnesota.
Johnson explicó que la intención del liderazgo republicano es financiar todas las agencias, excepto el DHS, para luego abrir un período de negociaciones “de buena fe” que permita destrabar el conflicto sin paralizar al resto del Gobierno federal.
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“Reforma drástica”: las exigencias demócratas frente a lso agentes migratorios
Los demócratas condicionaron su apoyo a la introducción de reformas significativas en las prácticas del ICE. Entre sus principales exigencias figuran la obligatoriedad del uso de cámaras corporales por parte de los agentes, la eliminación de las patrullas itinerantes, la prohibición del uso de mascarillas durante los operativos y la identificación visible de los funcionarios federales.
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional necesita una “reforma drástica” y reclamó que las negociaciones comiencen de inmediato, sin esperar el plazo de dos semanas planteado por los republicanos.
Jeffries también enfatizó que las órdenes judiciales deberían ser un requisito indispensable antes de que agentes federales ingresen a viviendas o detengan personas en la vía pública.
El congresista Ro Khanna, demócrata de California, fue aún más contundente al rechazar la financiación del ICE mientras no se introduzcan cambios sustanciales.
En entrevistas televisivas, Khanna cuestionó cómo los legisladores pueden seguir respaldando económicamente a una agencia involucrada en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
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La postura republicana y el rol de Trump
Desde el Partido Republicano, el debate interno también muestra tensiones. Si bien el liderazgo de la Cámara busca un acuerdo rápido para poner fin al cierre parcial, sectores conservadores presionan para reforzar la financiación del DHS y ampliar las medidas de control migratorio.
El House Freedom Caucus insistió en un mayor presupuesto para Seguridad Nacional, mientras que algunos republicanos intentan incorporar otras iniciativas, como la Ley SAVE, que exigiría prueba de ciudadanía para poder votar en elecciones federales. Se trata de una prioridad del expresidente Trump que enfrenta serias dificultades para prosperar en el Congreso.
Johnson reconoció que depende en gran medida del respaldo de Trump para consolidar el apoyo republicano. Según explicó, el presidente participó directamente en las negociaciones, incluyendo una reunión en la Oficina Oval con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el zar fronterizo Tom Homan, con el objetivo de destrabar el conflicto.
El propio Johnson afirmó que Trump ha expresado su voluntad de “bajar el volumen” de las redadas y operativos federales de inmigración, lo que podría abrir la puerta a concesiones parciales, como la ampliación del uso de cámaras corporales o el fin de las patrullas itinerantes.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos del debate gira en torno al uso de mascarillas por parte de los agentes del ICE. Mientras los demócratas sostienen que esta práctica dificulta la rendición de cuentas y favorece abusos, los republicanos argumentan que las mascarillas son necesarias para proteger la identidad de los agentes y la seguridad de sus familias.
Johnson advirtió que obligar a los agentes a identificarse podría exponerlos a ataques y a la difusión de su información personal en redes sociales. En ese sentido, expresó sus dudas sobre que Trump apruebe una medida de ese tipo y afirmó que, a su juicio, no debería hacerlo.
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Así impacta el cierre parcial en las agencias federales
Aunque se trata de un cierre parcial y de corta duración, varias agencias federales ya comenzaron a aplicar directrices de clausura. aunque muchas de sus funciones se consideran esenciales y continúan operando.
La principal preocupación radica en la situación de los trabajadores federales, que podrían quedar sin sueldo o ser suspendidos temporalmente si el bloqueo presupuestario se prolonga. Legisladores de ambos partidos también expresaron inquietud por el posible impacto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), clave para la asistencia a los estados tras desastres naturales.
Este es el segundo cierre del Gobierno federal en pocos meses provocado por el uso del proceso presupuestario como herramienta de presión política. El antecedente más cercano ocurrió en el otoño pasado, cuando una disputa entre demócratas y republicanos por las exenciones fiscales vinculadas al seguro médico derivó en el cierre más largo de la historia del país, con una duración de 43 días.
Aquel episodio tuvo un costo estimado de 11.000 millones de dólares para la economía estadounidense y concluyó con la promesa de votar propuestas para extender los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible. Sin embargo, los demócratas no lograron mantener los subsidios, lo que derivó en un aumento de las primas de seguros para millones de personas al comenzar el nuevo año.
Pero, a diferencia de episodios anteriores, la Administración Trump manifestó su interés en poner fin rápidamente al cierre parcial. Johnson aseguró que las conversaciones avanzan y que existe un camino hacia un acuerdo, especialmente en torno a algunas demandas demócratas relacionadas con las operaciones de inmigración.
No obstante, sectores de la oposición consideran que las medidas actuales son insuficientes y que las prácticas del ICE y la Patrulla Fronteriza continúan fuera de control en ciudades como Minneapolis. Algunos legisladores demócratas, incluso, pidieron la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al considerar que la situación representa una grave falla institucional.
Con Reuters, AP y EFE
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