Desde hace una semana, los diarios e informativos no dejan de hablar de Laura Luelmo. Esta muchacha, de 26 años y originaria de la ciudad castellana de Zamora, acababa de mudarse a un pequeño pueblo andaluz, El Campillo, para impartir clases en un instituto cercano.
Salió de su casa el miércoles 12 para hacer deporte, pero nunca regresó y cinco días más tarde fue hallada muerta en un barranco con signos de violencia.
Las pesquisas permitieron detener rápidamente a su vecino Bernardo Montoya, un reincidente de 50 años que, entre otros delitos, fue condenado a más de 17 años de cárcel por matar en 1995 a machetazos a una vecina octogenaria.
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Desde su detención el martes, según indicó a AFP un portavoz de la Guardia Civil, Montoya confesó ser el autor del crimen, y la autopsia practicada al cadáver “ha revelado que fue agredida sexualmente”. También se hallaron en la zona objetos de la joven y una manta ensangrentada, en la que Montoya podría haber envuelto el cuerpo.
El crimen a manos de un reincidente ha desatado toda una tormenta política en un país en el que desde hace 15 años la lucha contra la violencia de género es una causa nacional.
El debate se centra en la figura de la prisión permanente revisable, un sucedáneo de cadena perpetua en donde solo puede plantearse la puesta en libertad del reo pasados 25 años entre rejas. La cuestión ya emergió con fuerza en marzo, con motivo de otro mediático suceso: el asesinato del niño Gabriel, de ocho años, a manos de una mujer dominicana.
La disposición fue introducida en 2015 por el conservador Partido Popular (PP), cuando tenía mayoría absoluta. Pero fue entonces recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición, entre ellos, el Partido Socialista, ahora en el gobierno, y la izquierda radical de Podemos, al considerar que lesionaba el principio de la reinserción.
Pablo Casado, líder del PP, aprovechó la ocasión el miércoles para atacar en el Parlamento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pidió ampliar los supuestos de aplicación de esta medida, y la defendió como “la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”.
Sánchez le replicó que no derogará nada mientras no se pronuncie el Constitucional, y puntualizó que su gobierno “planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades”. Estas podrían consistir en el reforzamiento de la vigilancia a personas que hayan cumplido condena por determinados delitos muy graves.
Más contundente, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, acusó a Casado de tener un comportamiento “infame” y le espetó que “no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable, lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”.
El debate desbordó los pasillos de las instituciones, y entre los comentarios más sonados estuvo el de Antonio del Castillo, padre de Marta, una chica sevillana asesinada en 2009 y cuyo caso fue ampliamente mediatizado.
“La prisión permanente revisable está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura”, había escrito Sánchez en Twitter, a lo que Antonio del Castillo replicó: “No eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello”.
“Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje de que se repitan estos hechos se dispara”, añadió Antonio del Castillo, simpatizante del partido ultraderechista Vox.
Varios de los principales diarios se pronunciaron este jueves en sus respectivos editoriales.
El conservador ABC defendió la prisión permanente revisable como garantía “frente a estos criminales irreductibles”, y censuró a Belarra por atacar la medida. “Es inexplicable que una dirigente de izquierdas repudie una respuesta penal más severa para los asesinos de mujeres, salvo que su feminismo sea una impostura ideológica”.
Criticando a Casado, El País afirmó que “utilizar un crimen horrible como munición política para atacar al adversario o para cosechar apoyos electorales es una conducta infame”, y El Mundo defendió también la medida para “proteger a la sociedad, y singularmente a las mujeres, de amenazas excepcionales”.
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